López Obrador planea rescatar Pemex con una reducción de impuestos y una inyección de dinero público
El presidente mexicano se aparta de la reforma energética para concentrar sus esfuerzos en la petrolera estatal
SONIA CORONA
México
17 JUL 2019 - 09:58 CEST
Andrés Manuel López Obrador, pretende sacar a flote a la estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex), sumida en una crisis financiera que
la ubica como la petrolera más endeudada del mundo. Para ello, el Gobierno mexicano ha elaborado un Plan de Negocios (2019-2023)
que busca al mismo tiempo la estabilidad financiera y una recuperación de la producción de hidrocarburos durante la Administración del primer presidente de izquierda del país.
Su enfoque abandona buena parte de las directrices por las que la compañía apostó tras la aprobación de la
reforma energética en 2014. “Nos dejaron una industria petrolera en ruinas y con el riesgo, en el caso de la producción de petróleo, de que se genere una crisis mayor”, aseguró López Obrador.
El diagnóstico que por años ha aquejado a Pemex ha sido resumido por su director, Octavio Romero: una cuantiosa deuda, poca inversión en la compañía, y altas cargas fiscales que rozan una tasa del 65%. Un panorama al que, para evitar el derrumbe, el Estado mexicano se sumará a través de la reducción de su tasa impositiva, así como con el incremento de la inversión pública para elevar la producción de la firma.
La estrategia, en general, pone al Gobierno mexicano como principal proveedor de recursos y deja en un segundo plano a la inversión privada.
López Obrador y su equipo han dejado a un lado las advertencias de que una remarcada intervención de su Gobierno en las finanzas de la petrolera puede poner en riesgo la calificación del bono soberano.
López Obrador ha planteado una ruta en la que Pemex reciba el empuje estatal durante tres años con recursos directos de los Presupuestos y en el que la recuperación sea tal que los siguientes tres años la petrolera contribuya económicamente al desarrollo del país.
El director de Pemex ha mostrado una gráfica en la que su balance financiero repunta en positivo desde el 2020 hasta el 2028, aunque el Plan de Negocios contempla las acciones hasta 2023.
Aunque la petrolera cuenta con una producción de 1,82 millones de barriles diarios, el presidente ha garantizado que al término de su Gobierno será de 2,6 millones de barriles diarios, una cifra que no se ha visto desde 2014. Para conseguirlo, la petrolera se enfocará en la extracción de hidrocarburos en aguas someras del golfo de México y yacimientos terrestres ––ambas áreas en la que Pemex es experta–– pero dejando de lado la exploración y explotación en aguas profundas, el imán que atraía, principalmente, a la inversión extranjera. “[Este plan] nos va a permitir, dado sus menores costos, duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos”, explicó Romero.
El presidente propondrá en septiembre ante el Congreso la reforma de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
para disminuir la carga impositiva de la petrolera.
Para 2020, los impuestos de la petrolera se reducirán del 65% al 58%; en el siguiente año la tasa se ubicará en un 54%. Además,
el próximo año recibirá 347.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares) en inversión para acelerar la producción de hidrocarburos.
El Gobierno mexicano será quien más aporte en este rubro con 66.000 millones de pesos (3.500 millones de dólares)
y la inversión privada apenas aportará 14.000 millones de pesos (730 millones de dólares). Romero ha explicado que las inversiones de la industria privada serán esencialmente a través de contratos de servicios. La Administración ha evitado abordar el futuro de los contratos de asociación de la petrolera con empresas privadas ––conocidos como
farmouts–– que estaban orientados a que los socios aportaran la tecnología y el conocimiento del que la estatal carece ante el crecimiento de sus problemas financieros en la última década.
El destino de la inversión en Pemex estará enfocado en la construcción de la refinería de Dos Bocas (Estado de Tabasco, sur de México), el proyecto estrella de López Obrador y al que ha apostado su capital político a pesar de diversas críticas sobre la viabilidad y pertinencia del proyecto.
Las instalaciones costarían 8.000 millones de dólares (aunque el sector financiero estima que serán 12.000 millones de dólares). El presidente mexicano ha virado hacia un proyecto para aumentar la producción de gasolinas en territorio mexicano, en un escenario en el que las refinerías existentes no están a toda su capacidad y
en el que buena parte del combustible se importa de Estados Unidos.
La polémica en torno a esta infraestructura ha llegado incluso al interior del gabinete del presidente: el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, que dimitió la semana pasada, rompió ––entre otras cosas–– con él por sus cuestionamientos sobre la financiación de la refinería; y el actual secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, había manifestado sus dudas sobre las posibilidades del Estado de asumir la subvención del proyecto. Herrera no asistió a la reunión del Consejo de Administración que aprobó el plan, aunque envió un representante.
El director de la petrolera mexicana señaló que el Plan de Negocios se aprobó por unanimidad en la sesión, aunque algunos medios mexicanos señalan que existieron diferentes opiniones sobre la ruta a seguir en el futuro.
Tras el anuncio, el peso mexicano se depreció ligeramente un 0,28% debido a que los mercados se encuentran evaluando “el riesgo que conlleva hacia recortes adicionales a la calificación de Pemex y a la calificación crediticia de México”, señalan desde Banco BASE.
López Obrador planea rescatar Pemex con una reducción de impuestos y una inyección de dinero público
