Se endurece el tono con los acreedores, Guzmán presenta plan y Alberto "se libera" del Fondo
ECONOMÍA01 Febrero 2020
Los tropiezos de la deuda de la provincia de Buenos Aires heredada de la gestión de Vidal, meten ruido en la discusión nacional. ¿Hacia una propuesta más dura? Cita clave en el Congreso con números en mano. El año bisagra con el FMI: 2023.
Marcelo Falak
La renegociación de la deuda pública, de cuyo desenlace dependen el perfil económico que el país podrá darse y las condiciones, más holgadas o más estrechas, que acompañarán todo el mandato de
Alberto Fernández, toma velocidad hacia su esperada conclusión el 31 de marzo.
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En la Casa Rosada dicen no entender la estrategia de los acreedores de la provincia de Buenos Aires, a quienes se acusa de no valorar suficientemente la decisión oficial de no haber formalizado ya en diciembre lo que era un default de hecho heredado de las gestiones de Macri y María Eugenia Vidal.
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Guzmán ha dicho públicamente que un eventual default bonaerense le pondría “ruido” a la negociación nacional. A pesar de eso, la Nación mantiene la decisión de no socorrer al distrito para no salirse del orden que ha planteado para el proceso: que termine primero la renegociación soberana el último día de marzo para que después las provincias que necesiten hacer lo propio inicien las suyas.
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Pese a ciertos rumores de las últimas horas sobre la posibilidad de un rescate in extremis por parte de la Nación que evite un evento de crédito en el principal distrito del país, en el Gobierno nacional siguen descartando esa posibilidad.
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El plazo del 31-M no es caprichoso, como tampoco la decisión de atenerse hasta entonces solo al cumplimiento de los vencimientos de intereses: las obligaciones que se acumulan a partir de abril son imposibles de rollear dado el astronómico riesgo país actual, superior a los 2.000 puntos básicos, y también de honrar con las menguadas reservas disponibles. Cancelar capital debilitaría de modo extremo a un BCRA ya complicado y abriría la puerta a una caja de Pandora en materia inflacionaria.
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El hecho de que el proyecto de
ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa (ya sancionado por la Cámara de Diputados y cuya aprobación en el Senado debería quedar completada esta semana) enmarque la renegociación en la ley de Administración Financiera implica, como se sabe, que el acuerdo final deberá cumplir con al menos dos de los tres criterios que establece esta última: poda del monto adeudado, de la tasa de interés de los títulos o extensión de los plazos de amortización. Adiós, Uruguay.
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El éxito no está asegurado, claro. Las cláusulas de acción colectiva, o antibuitres, adoptadas después de los traumas que dejó la última renegociación, establecen requisitos diferentes según se trate de los bonos de los canjes de 2005 y 2010 o los emitidos por el Gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2018.
Como sea, en ambos casos resultan exigentes. En el primero, el umbral de aceptación que obliga a todos los acreedores a allanarse al canje es el de los dueños del 75% de las acreencias, además de un 66% de cada serie involucrada. En cambio, los títulos más nuevos, posteriores a la crisis de Grecia, dan dos posibilidades: o bien a un respaldo general del 75% o uno del 66% del monto total y del 50% de cada título.
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Una certeza sobre las metas clave del plan económico surgirá de la conclusión de la renegociación de la deuda, lo que determinará las necesidades de ahorro fiscal para pagar los compromisos reperfilados y las posibilidades de crecimiento de la Argentina, entre otras cosas. Pese a ello, en el Palacio de Hacienda afirman que ya trabajan sobre varios escenarios diferenciados. “Tenemos plan, pero lo que no van a ver, en medio de esta incertidumbre, es un PowerPoint de esos que nunca se cumplen”, le dijo una alta fuente a Ámbito.
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