Descomprimir pagos
Por Genaro Grasso
El 10 de diciembre nos encontrará con muchas deudas: económicas, productivas, sociales, que deberán ser atendidas con urgencia. Pero también nos chocaremos con la principal herencia del Gobierno de Cambiemos: la deuda externa, y en particular, la deuda en moneda extranjera con privados. Al elevado monto de 108.213 millones de dólares, se le suma el corto plazo del vencimiento de algunos títulos, como el Bonar 2020 y el Bonar 2024, por lo que apremia que el futuro presidente, Alberto Fernández, elabore una estrategia que descomprima los pagos en dólares entre 2020 y 2023.
Resulta curioso el hecho de que el problema no es la deuda con el mercado, sino los vencimientos con el Fondo Monetario y el hecho de que no se impusieron controles de capitales como para evitar la fuga persistente de capitales. El FMI y el Gobierno, con las políticas de desregulación, incumplieron el mandato del Convenio Constitutivo del organismo, que establece que las reservas provenientes del endeudamiento deben preservarse de la fuga y servir para garantizar los pagos de deuda.
Fue el Fondo el que puso a los acreedores privados en la presente situación de innecesaria vulnerabilidad.
Entre 2020 y 2023, los vencimientos de deuda en dólares con privados son de entre 10.000 y 16.000 millones anuales dependiendo del año, casi un 25 por ciento de las exportaciones anuales. Esa cifra de vencimientos se llega a triplicar incluyendo el Fondo Monetario en 2022 y 2023. Si bien el peso sobre los ingresos de divisas es muy importante, no es imposible alcanzar un canje voluntario a precios de mercado que resulte beneficioso para los acreedores y al Estado.
Por ejemplo, si se cambian a precio de mercado, los bonos en dólares bajo Ley Argentina por bonos Par (PARA) y los Ley Nueva York por Par y Discount (PARY y DICY) en un 50 por ciento, permitiría reducir los vencimientos a entre 4000 y 6000 de dólares por año para el período 2020 y 2023, y cerca de 8000 millones de dólares anuales en los siguientes 4 años. Estos últimos títulos se deberían emitir con “cláusulas anti buitres”, de acción colectiva reforzada, nueva pari passu, y de recursos estratégicos no embargables.
Para ello, se debería trabajar en forma de emergencia financiera: es necesario un debate en la sociedad sobre cuáles son las prioridades en la asignación de las divisas disponibles, y cuáles son los límites aceptables para las tasas a las que el Estado se financia. Como sucedió en 2005 con el canje, es importante que el resultado de todas las negociaciones de deuda, tanto con privados como con el FMI. También es necesario investigar y difundir todos los actos administrativos durante el proceso de toma de deuda entre 2015 y 2019. Sólo así podremos cerrar este doloroso capítulo de deuda de forma definitiva.
También debemos pensar en un nuevo marco regulatorio en materia de deuda. Se deben establecer autorizaciones previas del Congreso para la emisión de deuda bajo legislación extranjera con tasas internas de retorno máximas, para evitar megacanjes o endeudamientos en condiciones desfavorables, y obligar la incorporación de mejores prácticas en emisión de deuda anti buitres. Hay que prohibir o limitar la toma de deuda en moneda extranjera para provincias y municipios.
También se debe establecer un límite por ley para la deuda en moneda extranjera y de vencimientos en los siguientes cuatro años en relación con las exportaciones, que constituyen la capacidad de repago de la misma. En la toma de deuda enviada al Congreso, deberían estar diferenciadas las deudas y sus destinos por monedas: no se puede financiar gasto público en pesos con deuda en dólares. El ingreso de divisas financia salidas de divisas (importaciones, fuga, etc.). Por ello se debe realizar un presupuesto en divisas que estime entradas y salidas, y cómo la deuda externa generará los dólares para el repago.
Finalmente, en 2015 se abandonó una política estratégica de relaciones internacionales hacia un sistema monetario mundial moderno, que sea justo e igualitario. Debemos retomar esa iniciativa, para promover un marco normativo de la Organización de Naciones Unidas que trate los conflictos entre acreedores y deudores en materia de deuda soberana, respetando los principios de trato igualitario, soberanía nacional, justicia distributiva, y correspondencia entre la voluntad y la capacidad de pago. En tándem, es el momento de colaborar en una reforma de los organismos financieros multilateral y un acuerdo internacional para regular la fuga de capitales y las inversiones especulativas.
*Licenciado en Economía UBA - Investigador CCC - Proyecto Económico.
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Dibattito.