Caso YPF: Burford se pinta la cara contra Alberto Fernández
09 Diciembre 2019 - 00:00
El demandante presentó el viernes su escrito en el tribunal de Preska. Reclama que el juicio se mantenga en Nueva York y no se mude a Buenos Aires. Carlos Zannini deberá rearmar la estrategia en la que se acusa al Gobierno de Cristina de Kirchner.
Carlos Burgueñocburgueno@ambito.com.ar
Burford, el fondo que demanda a la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, se pintó la cara para la batalla el viernes pasado ante Loretta Preska. En el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se dirime el juicio más importante que tiene el país en el exterior, Burford se presentó con un escrito de 44 páginas, destinado a justificar
y reclamarle a la jueza que mantenga la causa en los Estados Unidos y rechace el pedido de los abogados que representan al país para que el caso se mude a Buenos Aires. Esta había sido la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri durante los últimos cuatro años, junto con el intento de descalificar ética y moralmente a Burford como demandante.
Ahora, el fondo contraatacó el viernes, afirmando que toda la causa debe desarrollarse donde nació la obligación de cumplir con los accionistas que no fueron compensados (el 45% de los tenedores) y donde cotizan las acciones de la petrolera (Wall Street), además de embestir durísimamente contra el Gobierno de Macri (al que describe como administrador de años “de inutilidad”, con la misma saña que contra la gestión de Cristina de Kirchner). En el medio del escrito, también pone la mira en las posibles decisiones que tome Alberto Fernández, descartando que defenderá la posición de la expresidenta.
En el escrito, Burford habla también de investigaciones penales y criminales que le estarían haciendo al fondo en la Argentina, y llega al extremo de asegurar que los propietarios y accionistas del fondo, incluyendo sus familiares, no pueden visitar la Argentina por miedo a su seguridad.
Preska le había aceptado a la Argentina en septiembre pasado la posibilidad de suspender la causa hasta que pasen las elecciones presidenciales en el país, y se defina un próximo Gobierno. Habilitó además al demandante a poder presentar su escrito de defensa durante la primera semana de diciembre, lo que Burford cumplió en tiempo y forma.
Ahora la Argentina tendrá hasta el 6 de enero para referir al tribunal y contestar las acusaciones del fondo; o, como se espera, pedir unan postergación para reagrupar fuerzas y diseñar una nueva estrategia defensiva, ante el cambio de Gobierno.
Esta actitud se cae de maduro al saberse que una de las defensas que esgrimían hasta ahora los abogados argentinos contratados por el Gobierno de Mauricio Macri era la obligación de suspender la causa en Nueva York hasta que en Buenos Aires avance una investigación sobre supuestos hechos de corrupción durante el Gobierno de Cristina de Kirchner vinculados a la privatización de parte de las acciones de la petrolera. Se supone que, obviamente, este capítulo será modificado cuando se elabore el nuevo esquema de trabajo ante los tribunales de Nueva York, en la procuración del Tesoro que manejará Carlos Zannini.
Será esta repartición la que deberá encarar no sólo este juicio,
sino también las causas por la modificación del cálculo del PBI en 2013 con la consecuente demanda del fondo buitre Aurelius.
También el caso por la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Ciadi y el de YPF por el caso Maxus. Entre los cuatro suman demandas por aproximadamente u$s10.000 millones, en casos generados en su totalidad durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner según el cálculo efectuado por el especialista de FinGuru, Sebastián Maril.
El caso por la reestatización de YPF se definirá en primera instancia de los Estados Unidos en 2020, luego que la propia jueza (algo cansada por la falta de precisiones y presentación de pruebas desde la Argentina) decidió que la causa continúe este mes, luego que asuma el nuevo Gobierno.
Su fallo definitivo se conocerá durante el primer semestre del próximo año, con lo que inevitablemente la administración de Alberto Fernández tendrá que elaborar su estrategia legal en Nueva York.
La defensa presentada por Burford apunta a impedir que el caso se mude a Buenos Aires. El fondo fue acusado el 7 de agosto pasado de “fraude contable”, ante una posible sobrevaloración de las ganancias que le traería al demandante el juicio contra la Argentina. El disparador de estos cambios fue la publicación de un informe de la agencia estadounidense Muddy Waters Research,
en el que se acusa a Burford de tergiversar sus resultados “manipulando su rendimiento del capital invertido y la tasa interna de rendimiento, así como el estado de su negocio en general”.
Ese día, y luego de presentar el trabajo, las acciones de Burford Capital se derrumbaron el 46% en la Bolsa de Comercio de Londres. Según Muddy Waters, parte del fraude de Burford se concentra en su principal activo
: el juicio por la reestatización de la petrolera argentina, sobrevalorando hasta siete veces la potencial tasa de ganancia, afirmando que el capital invertido es del 426%, en lugar del 3.278%. El informe señala en varias oportunidades que Burford escondió los costos del juicio contra la Argentina y que concentra la mayoría de sus activos (inflados) en cuatro causas fundamentales donde la de YPF es, lejos, la más importante. Es ante la necesidad de presentar la correcta valuación que Burford estimó que este caso tendría un valor final, y si se da un fallo positivo para ellos de parte de Preska de un piso de u$s1.700 millones (según el valor de las acciones actuales), o u$s9.000 si se toma la valuación del día en que se anunció la reestatización, o de u$s6.000 según la jornada en la que Argentina efectivamente tomó posesión.
Burford Capital había presentado en la Bolsa de Londres, el 25 de julio pasado, su reporte semestral de resultados correspondiente al período enero-junio 2019, en el que, obviamente, el juicio por YPF era el protagonista. Había valuado allí sus activos potenciales en el caso en unos u$s1.000 millones de los aproximadamente u$s3.000 millones que costaría el juicio en el caso de ser negativo para el país. Burford había anunciado, además, que mantenía el 61,25% del caso, y que en sociedad representa a unos 40 inversores privados. La identidad de estos socios se mantiene estrictamente en secreto y desde la defensa de la Argentina se reclama a la jueza Preska que, en el caso de tener que liquidar la deuda (algo que, tal como lo adelantó este diario, no ocurrirá este año), se den a conocer los nombres de todos los litigantes a los que habría que pagar.
En ese informe, que fue puesto en foco por Muddy Waters se menciona además que en el primer semestre de 2019 la compañía cotizante en la Bolsa de Londres obtuvo una ganancia del 36% en sus inversiones de activos, y del 40% en sus ingresos totales. Esta rentabilidad se debe, en gran parte, a la actividad del fondo ante el juzgado de Preska en el caso YPF, dados los avances en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York al menos al momento de cerrar el balance de julio pasado. Se mencionaba, además, que esa valuación debía actualizarse (en positivo) durante el segundo semestre, a partir de los avances que descartaba tendría la causa a favor de la posición del demandante.
Hasta junio pasado, el fondo inglés aseguraba que había ganado un 236% en dólares en algo más de cuatro años de vigencia de la causa, luego de que a fines de 2015 comprara el caso en los tribunales de quebrantos de Madrid. Se estimaba en junio que si el fallo final fuera negativo para la Argentina, ganaría hasta un 800%. De tener éxito final, Burford y el resto de los litigantes recibirían por el reclamo entre u$s3.000 y u$s9.000 millones (dependiendo de la decisión final de la Justicia norteamericana), cuando el valor de la petrolera en el mercado ronda los u$s4.000 millones. En el momento de la nacionalización, en 2012, el valor que se determinó que valía la compañía (para calcular el precio a pagarle a Repsol) era de u$s12.000 millones. Burford había comprado a los tribunales españoles la causa de las quiebras de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, por unos u$s15 millones.
Originalmente, el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el de YPF había comprado el 70% de la causa. Actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a unos 40 inversores privados el resto. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso, y a medida que se aproximaba el momento actual, su precio iba en incremento, otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando) ganancias extraordinarias.
Caso YPF: Burford se pinta la cara contra Alberto Fernández
