Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond

¿Es posible un acuerdo "progresista" con el FMI y los acreedores privados?

Por José Castillo*






"Queremos pagar, pero no podemos". La frase de Alberto Fernández, en su discurso inaugural, vino de la mano del nombramiento de su ministro de Economía Martín Guzmán. Inmediatamente se empezaron a reproducir declaraciones suyas de poco tiempo atrás, que se resumían en una frase: suspender el pago de capital e intereses de deuda externa por dos años.

Vamos por partes. Primero y principal, se trata de un reconocimiento de aquello que durante mucho tiempo solo planteábamos desde la izquierda (aunque en estos últimos meses empezó a generalizarse): no hay ninguna posibilidad de pagar los vencimientos de deuda, incluso los más inminentes. La Argentina está al borde de la cesación de pagos. Sólo sería posible cumplir con el calendario de vencimientos a cambio de un mayor y más feroz ajuste que el que implementó el propio Macri. Pero Alberto Fernández sabe que eso es un suicidio político. "En 2020 no se puede hacer un ajuste fiscal", dijo Martín Guzmán en su conferencia de prensa inaugural. Por si quedara alguna duda de que "no se puede" ahí están los ejemplos de las últimas semanas en Ecuador y Chile.

Segundo: ¿quiere decir esto que el gobierno de Alberto Fernández va unilateralmente a suspender, aunque sea por el plazo de dos años, todo pago de deuda? No es eso lo que se está planteando. Guzmán reconoció en sus textos académicos que no hay que pagar nada por lo menos por ese período. Sin embargo, consultado en su conferencia de prensa, fue mucho más cauto. Dijo que "estamos en consultas con los acreedores" y que "las conversaciones que ya iniciamos con el FMI forman parte de esto".

En concreto, supedita lo que el mismo define como la medida más básica y urgente (suspender los pagos, aunque sea por un período corto de tiempo), a una nebulosa negociación con diversos actores de las finanzas internacionales (fondos de inversión, oportunistas que compran bonos a precio de remate) y con el propio Fondo. Seamos claros: no existe en toda la historia del FMI ningún acuerdo sin la exigencia de un plan de ajuste.

El propio Fondo ya dijo, una y mil veces, que está dispuesto a "renegociar", pero pasando del actual préstamo stand by a otro "de facilidades extendidas", donde se pueden correr vencimientos (nunca eliminarlos) a cambio de que el gobierno argentino implemente las reformas jubilatoria, laboral y mayores ajustes. Y los acuerdos con los acreedores, por lo menos con aquellos que tienen bonos con legislación internacional, seguramente requerirán para cerrarse el aval previo del FMI.

Tercero. Aún si se diera el caso de que el gobierno obtuviera un acuerdo con los acreedores de "correr" los pagos de capital e intereses por dos años, lo único que se lograría es patear el problema para adelante. Si se acumulan intereses sin pagarlos durante dos años, al final de ese período nos encontraremos con una "cordillera" de vencimientos, y una deuda que se habrá incrementado considerablemente por la simple acumulación de intereses impagos.
Difícil que eso pueda resolverse simplemente "creciendo", como dice el discurso del nuevo gobierno. La famosa "consistencia macroeconómica" que declara buscar Martín Guzmán parece lejos de alcanzarse, quedando todo como una declaración de buena voluntad.

Tenemos la obligación de insistir: no hay salida sin dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Todos esos recursos deben ser dirigidos a un auténtico plan de emergencia. La lucha contra la desocupación y el hambre solo se gana si se crea trabajo genuino, con un verdadero plan de obras públicas que, al mismo tiempo que resuelva el drama del déficit habitacional, genere millones de puestos de trabajo.

Del mismo modo, hay que recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. Esto no se arregla con una "suma fija a cuenta de futuros aumentos" si realmente el objetivo es reactivar el mercado interno. Y, si se quiere terminar de verdad con la especulación financiera, la fuga de capitales y las maniobras con el dólar, hay que terminar con una legislación donde aún sigue vigente la ley de entidades financieras de la dictadura militar, reemplazándola por la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

*Economista. Dirigente de Izquierda Socialista

¿Es posible un acuerdo "progresista" con el FMI y los acreedores privados?
 
Lo que hay que saber sobre la reestructuración de la deuda

El FMI jugará un papel fundamental en la negociación. Los bonistas, resignados por su destino. La duda es si habrá o no quita en el valor nominal de los títulos. Es prioridad recortar el pago de intereses en los próximos 2 años.
  • 15.12.2019
POR MIGUEL A. KIGUEL *






Se acercan momentos decisivos en el manejo de la deuda. El gobierno de Macri ya reperfiló las letras de corto plazo, pero dado que no se ha logrado recuperar el acceso al financiamiento, el nuevo gobierno enfrentará decisiones complejas con respecto a cómo encarar los próximos vencimientos de capital e intereses, que en el primer semestre del 2020 superarán el equivalente a 15.000 millones de dólares.

Seguramente será una carrera contra el tiempo, en la que el FMI jugará un papel fundamental en la evaluación de la capacidad de pago de la Argentina, de la razonabilidad de las políticas monetaria y fiscal y de la potencial necesidad de adoptar reformas estructurales que ayuden a mejorar el crecimiento de la economía en el largo plazo y a asegurar bajos niveles de inflación.

Los bonistas, tanto los locales como los internacionales, ya están resignados a que va a haber una reestructuración. De hecho, los precios de los bonos, que hoy cotizan a niveles de entre 40% y 45% del valor nominal, están reflejando que efectivamente se espera un canje en el que se van a extender los plazos y bajar los cupón de los bonos actuales.

Dado que se da por descontado que va a haber una reestructuración de la deuda, el esfuerzo ahora es tratar entender si habrá o no habrá quita en el valor nominal de los bonos, qué cupón de interés tendrán, qué papel va a jugar el FMI en la negociación con los bonistas y cuánto puede durar todo este proceso.


DIAGNOSTICO


La deuda entró al centro de la escena luego de las elecciones primarias del 11 de agosto, ya que a partir de ese momento el gobierno perdió por completo el acceso al mercado de capitales y no pudo renovar ningún vencimiento, ni siquiera los de las letras de corto plazo en pesos (Lecaps) o de las de dólares (Letes). Además, el riesgo país subió a niveles elevadísimos (por encima de los 2.000 puntos), lo que indicaba que los inversores pensaban que había una alta probabilidad de que el país llevara adelante una reestructuración de toda la deuda.

La Argentina no tiene un problema típico de solvencia, las dificultades para cumplir con el servicio de la deuda se deben principalmente a problemas de liquidez. La deuda con el sector privado y organismos multilaterales, bien medida, es del orden del 50% del PBI, un monto que en la mayor parte de los países no sería preocupante y difícilmente amerite una reestructuración. La principal razón por la cual el país necesita reestructurar la deuda es que ha perdido el acceso a todo tipo de financiamiento, lo que es una situación atípica y que se asocia a una total falta de confianza.

Esta falta de confianza surgió en parte por nuestra historia, que está plagada de episodios en los que con liviandad se declararon moratorias de deuda, se pesificaron obligaciones en dólares o se impusieron corralitos. La preocupación es si una vez más la Argentina va a tomar los compromisos con liviandad o si esta vez va a mostrar voluntad de pago, que en la práctica implica que va a hacer los esfuerzos fiscales necesarios para asegurar el pago de la deuda en el largo plazo.

En este episodio los temores no estuvieron relacionados sólo con la voluntad de pago de la Argentina, sino que también aparecieron preocupaciones porque el FMI es un acreedor privilegiado y puede pedir una quita en los bonos cuando se negocie el próximo programa (que seguramente sería de facilidades extendidas o EFF).

De hecho, en varios programas del FMI se pidió lo que se conoce como private sector involvement (PSI o participación privada), en los que se pedía quitas a los bonistas como parte de la negociación, a efectos de asegurar que la deuda sea sostenible en el largo plazo (o sea que no haya necesidad de una nueva reestructuración o reperfilamiento). Un precedente reciente fue el programa del FMI en Ucrania en la cual se hizo una quita del 20% en el valor nominal de los bonos.

Está sobrevolando en el ambiente la pregunta de cuán complejo puede ser llegar a un acuerdo con el FMI. Todo indica que la negociación con el FMI va a ser difícil, en parte porque el actual programa con el FMI fracasó en restablecer la confianza financiera, generar crecimiento y en contener la inflación; con lo cual el Fondo seguramente va a tratar de negociar un programa con un importante ajuste fiscal y con quita en los bonos que asegure el pago de la deuda. Es lo que el FMI llama que "la deuda sea sustentable con alta probabilidad", y que seguramente va a ser el principal aspecto de negociación.

Va a llevar tiempo esta vez acercar posiciones sobre las visiones de un programa macroeconómico y sobre las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda, debido a que el gobierno de Alberto Fernández por un lado y el FMI por el otro van a arrancar de bases muy diferentes. Además, va a haber mucha presión sobre el staff del FMI para evitar un nuevo fracaso en la Argentina, con lo cual van a negociar con pie de plomo.

Estas preocupaciones llevan a que se considere la alternativa de llegar a un acuerdo con los bonistas lo antes posible y no esperar a que Argentina logre cerrar un nuevo programa con el FMI, lo que seguramente va a llevar tiempo. Si bien es una opción, es de difícil ejecución porque que el FMI es un acreedor privilegiado, con lo cual cualquier acuerdo que se consiga con los bonistas, eventualmente tendrá que pasar el filtro del FMI.

Pero hay un tema más de fondo. Una reestructuración exitosa de la deuda requiere que la Argentina muestre que existe una alta probabilidad de que la "nueva deuda" se pague en tiempo y forma, y que por lo tanto lleve a una baja significativa en el riesgo país. Pero, ¿quién y en base a qué criterios evalúa si ha mejorado la capacidad de pago del país para que la nueva deuda sea "sustentable" con alta probabilidad de que se pague? Históricamente ese "auditor" en las reestructuraciones de la deuda ha sido el FMI.

El FMI ha realizado ejercicios de sostenibilidad de la deuda en los programas recientes de la Argentina en base a diferentes escenarios macroeconómicos en los que incluye supuestos sobre las cuentas fiscales (incluyendo el superávit primario), sobre el crecimiento, el tipo de cambio real, la tasa de interés que paga la Argentina y el peso de los pagos de la deuda con el sector privado.

En la medida en que el FMI sea el auditor y además acreedor privilegiado, los bonistas seguramente querrán escuchar la evaluación del FMI antes de aceptar una oferta. De lo contrario, el riesgo que asumirían los bonistas es el de aceptar un canje de bonos que con alta probabilidad esté sujeto a un nuevo canje en el futuro cercano.


DECISIONES CLAVE


La base de una reestructuración exitosa de la deuda argentina pasa por bajar la carga de los pagos de intereses para los próximos años (algunos hablan de dos, pero en mi opinión habría que pensar en cuatro). Esta reducción no significa necesariamente una quita, sino que los mismos se pueden capitalizar, como se hizo con el bono Discount en el plan Brady, o buscar alguna forma alternativa como por ejemplo emitir un bono cero cupón a cinco año por el monto de los intereses.

También seguramente habrá una extensión del plazo en el caso de los bonos que venzan en los próximos años, lo que se podría lograr con un canje que ofrezca a los acreedores dos o tres bonos nuevos con vencimientos a plazos que oscilen entre 10 y 30 años. Para el caso de las Lecaps y las Letas (que eran instrumentos para el manejo de la liquidez a corto plazo) se podrían entregar bonos más cortos.

Uno de los desafíos es recrear un mercado de instrumentos en pesos que sirvan para el manejo de liquidez de corto plazo, que incluso le serviría al gobierno para financiar necesidades temporarias de fondos. Una opción es tratar de mantener las Lecaps, que ya han sido reperfiladas, pero que todavía pueden restablecerse como un instrumento financiero creíble.

Los instrumentos en pesos que vencen a partir del 2020 (como los bonos duales, el Bopomo y demás) seguramente se podrán reestructurar a largo plazo con un bono indexado (CER por ejemplo) con una tasa baja. Seguramente también se podrán emitir bonos a la medida de las compañías de seguro o de otros inversores institucionales que faciliten la transacción y le den un carácter voluntario.

Las opciones para los bonos en dólares son más complejas. Sería bueno que aquellos emitidos bajo ley argentina reciban un tratamiento similar a los emitidos bajo legislación extranjera, a efectos de eventualmente volver a abrir este mercado y hacerlo atractivo en el futuro. De cualquier manera, en el corto plazo es muy probable que el gobierno los reperfile por Decreto a la espera de un posible acuerdo con los bonistas extranjeros.

En cuanto a los bonos emitidos bajo ley extranjera hay que distinguir por un lado a los pares y discounts, que fueron parte de las reestructuraciones de deuda del 2005 y del 2010 y por otro lado los emitidos a partir del 2016 por el otro. La diferencia está en las cláusulas de acción colectiva (CACs), que son las cláusulas que establecen las mayorías necesarias para poder reestructurar la deuda, y que de lograrse, la oferta automáticamente sería mandatoria para todos los bonistas con lo cual no habría holdouts.

En el caso de los bonos emitidos como parte de la reestructuración de la deuda en el 2005 y 2010 se requiere una mayoría del 85% del total de los bonos mientras que en los más recientes esa mayoría es de sólo 66%. En la práctica, esta diferencia implica que es más difícil reestructurar los bonos emitidos en 2005 y 2010 que los más recientes. De cualquier manera, en las reestructuraciones exitosas se lograron niveles de aceptación superiores al 90% de los bonistas.

Argentina no necesita efectuar una quita importante en el monto de la deuda. Bajo supuestos razonables la deuda argentina ya es sustentable dado que se mantiene en niveles del orden del 50% del PBI. Lo más importante va a ser dar señales claras de que existe voluntad de pago, de que se busca recomponer la confianza para que vuelva el crédito a largo plazo al país, y de que esta vez va a ser en serio.

* Director Ejecutivo de la consultora Econviews.

Lo que hay que saber sobre la reestructuración de la deuda
 
Si ma con le sole banche non credo che riescano ad attivarle...

Comunque tu sai a quanto ammontano in percentuale 60 o 75??

En el caso de los bonos emitidos como parte de la reestructuración de la deuda en el 2005 y 2010 se requiere una mayoría del 85% del total de los bonos mientras que en los más recientes esa mayoría es de sólo 66%.
 
El objetivo: asegurar la caja y garantizar déficit controlado

16 Diciembre 2019 - 00:00

A diferencia de Mauricio Macri, Alberto Fernández inicia su gestión aplicando un severo ajuste para no perder el dominio de las variables macro. El ajuste, por ahora, sólo cae en el sector privado.

Carlos Burgueñocburgueno@ambito.com.ar






Alberto Fernández eligió comenzar su gestión económica y fiscal de una manera diferente a la de Mauricio Macri. En lugar de un primer período expansivo en el gasto público bajo la esperanza de una mejora en la actividad (la que nunca llegó), el nuevo Gobierno optó por la idea general que trajo Martín Guzmán desde Columbia. Se basa en mostrarle al mundo que se trata de un Gobierno respetuoso de la prolijidad fiscal; el karma crónico y eterno de las gestiones de origen justicialista. Y que el plan de asistencia social primaria, que tendrá un costo en el primer trimestre del año de unos $100.000 millones, no se financiará con la emisión (mucho menos, el pedido de dinero prestado del mercado), sino de los dólares y pesos que generen los privados que, teóricamente, tienen ingresos suficientes como para soportar este costo.

En todo caso, la elección de Alberto Fernández y su nueva gestión es que se lo critique por un nuevo ajuste “solidario” sobre los privados, y no por no entender la lógica de los equilibrios macroeconómicos básicos de no gastar más de lo que ingresa, y buscar en lo más rápido posible un superávit fiscal. Este, según los números de Guzmán, podría conseguirse en 2021.

Alberto Fernández tomó la decisión de avanzar con este plan fiscal siguiendo el mandato teórico que le dejaron aquellos primeros años de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner: primero, garantizar la caja con un seguimiento diario de ingresos y gastos. Y luego pensar en cómo gastarlo. El Presidente, incluso, se hizo instalar en sus oficinas varias un esquema similar al famoso cuaderno Kapeluz de tapa dura con que Kirchner manejaba las cuentas públicas. En este caso, en lugar de ese artículo de librería, Fernández aprendió a manejarse con una planilla algo más moderna.

La búsqueda de fondo es diferenciarse del Gobierno anterior. Macri inició su gestión liberando el cepo (lo que produjo una devaluación en dos etapas y una salida de dólares que comenzó a sentirse, fuerte, en 2018), cambiando un exitoso blanqueo por una fallida reparación histórica (generó gastos futuros que no pudieron ser sostenidos por la recaudación); reducción de retenciones (que luego debió subir durante la crisis con las 2.0), y beneficios sociales para contener a los monotributistas y los beneficiaros de las AUH.

Por el contrario, Alberto Fernández inicia sus primeros 100 días de gobierno tomando una catarata de medidas impopulares, que lo enfrentarán de lleno con el campo y la industria (la reimposición de la doble indemnización) y con los contribuyentes que confiaron en el blanqueo de 2016 y lo enemistarán con gran parte de la clase media (impuesto a los viajes). La intención es invertir gran parte del apoyo político actual en el plan de ajuste sobre los privados, sabiendo que nada del eventual malestar económico que sus medidas provoquen recaerá sobre sus votantes. La gran apuesta es la de siempre y para cualquier gestión: que con este paquete la economía mejore, la inflación baje y la pobreza disminuya.

La batalla fiscal que quiere dar el Gobierno actual es lograr que el año próximo el déficit primario se muestre controlado y que no supere el 0,5% del PBI. Desde el albertismo se estima que el desequilibrio que dejó la gestión de Mauricio Macri, al que se le atribuirán los malos datos de diciembre, alcanzará entre el 1% y el 1,5% del PBI, por encima incluso de la meta de 1% comprometida ante el FMI para este año según reza el stand-by vigente.

Si se cumpliera esta previsión de la aún oposición, el déficit primario treparía a los $200.000 millones. El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dejó su cargo asegurando que el dato será mucho menos y que no superará el 0,5%, un porcentaje aún menor (la mitad) que lo firmado ante el FMI en septiembre del año pasado. La diferencia alcanza entonces a los $110.000 millones, un nivel incluso superior al costo del paquete pos-Paso que lanzó en su momento Mauricio Macri luego de la derrota del 11 de agosto, y que en toda la línea de gastos incrementados e ingresos postergados acumuló unos $90.000 millones.

El número final de la herencia de 2019 tardará en conocerse, ya que recién en la tercera semana de enero de 2020 estará el resultado final. Lo seguro, para la mirada del oficialismo, es que con la batería de medidas que se están lanzando en estas primeras semanas de la nueva administración es que los mercados sepan que la intención es sostener los equilibrios macroeconómicos básicos, aun a costa del malhumor en varios sectores de la sociedad; algunos de ellos, incluso, votantes.

El objetivo: asegurar la caja y garantizar déficit controlado
 
Cómo es el megapaquete de medidas económicas del Gobierno

16 Diciembre 2019 - 08:26

Algunas medidas ya se anticiparon este fin de semana. El proyecto llegará hoy al Congreso.







Tras un primer fin de semana de Alberto Fernández como Presidente cargado de anuncios y resoluciones, el Gobierno enviará hoy al Congreso un megaproyecto con medidas que incluyen a diversos sectores.

Mediante decretos, se dispusieron modificaciones en las retenciones al agro y la instauración de la doble indemnización. Por otra parte, a través de declaraciones periodísticas, se adelantaron algunos puntos relevantes de lo que -se estima- incluirá el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación productiva que será enviado hoy al Congreso, como el regreso del “dólar turista” y la suba en bienes personales.


Emergencia Económica y Social

  • Dentro del paquete se incluye la ley de Emergencia, la cual le otorga al Gobierno facultades extraordinarias al Congreso para acelerar medidas y reformas por decreto sin pasar por el trámite parlamentario.

Retenciones al agro

  • “No se están aumentando las retenciones. Se dejan en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy”. Así se refirió Alberto Fernández al decreto publicado el sábado, que le quitó el “tope” al impuesto para algunos commodities.
  • Con el nuevo esquema, para el caso de la soja, representaría un aumento en la alícuota del 5,3% con respecto al régimen que estuvo vigente hasta el viernes: queda en 30%. En el caso del maíz, el trigo y el girasol, el incremento es el mismo y el derecho a exportación quedó en 12%.
  • También hubo modificaciones respecto de la carne: las retenciones eran del 12% con un tope de $3 y pasó a 9% sin tope. Distintas entidades agropecuarias cuestionaron al Gobierno por no haber sido consultadas al respecto, ya que estiman que la suba de las retenciones tendrá un impacto de u$s1.800 millones en el sector.
  • En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que lo que se hizo fue “actualizar el monto fijo” y remarcó la importancia de “ir conversando con todas las entidades de la cadena agropecuaria” para “rediscutir el perfil productivo” y mejorarlo, ya que Argentina “necesita traer dólares” y no instalar “ningún régimen prohibitivo”.
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Dólar turista

  • Los consumos en dólares tendrán un impuesto “de alrededor del 30%”. Se trataría del regreso del denominado “dólar turista”, vigente durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, que impacta en los consumos realizados con tarjetas de crédito en moneda extranjera. Además de compras en el exterior, dicho impuesto regirá para los servicios como Netflix o Spotify. Con la cotización actual ($63,07), el “dólar turista” rondaría los $80.
  • “El impuesto que se le va a cobrar las compras en el extranjero tiene una lógica solidaria y contributiva”, sostuvo el Jefe de Gabinete, quien remarcó que se apunta a “cuidar los dólares” que tiene la economía y “reactivar la industria turística local”. Desde el Gobierno se descartó que pueda haber una devolución de Ganancias como ocurrió en el pasado, por lo que se enviará un proyecto de ley al Congreso.

Bienes Personales

  • Otra de las medidas anunciadas durante el fin de semana fue el aumento en los Bienes Personales. Según especificó, la propuesta será aumentar las alícuotas de las distintas escalas del tributo: “Por ejemplo, la del 0,25% pasaría al 0,50%; la que ahora es 0,50%, pasa al 0,70%”. Destacó que aquellos que tengan bienes en el exterior, se les aumentará “poco más, con una retribución extraordinaria” y que está prevista “una compensación” para quienes repatrien esos bienes. Cafiero adelantó también que el mínimo no imponible no sufrirá modificaciones. En la actualidad paga bienes personales el contribuyente que, además de su vivienda (si es que está valuada por debajo de $18 millones), posee diversos bienes que en conjunto superen los dos millones de pesos.

Doble indemnización

  • Mediante un DNU, el Gobierno instauró el viernes por la noche la doble indemnización para trabajadores despedidos sin causa justa. Según el considerando del decreto, la medida, que estará vigente por un plazo de 180 días, tiene como objetivo reducir el desempleo: el Ejecutivo remarcó que creció hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto superior a un año atrás. “Responde a la necesidad de poner un punto de arranque y a la vez parar con los despidos”, sostuvo Alberto F. al defender la disposición, y apuntó que se darán “esperas y moratorias de las altísimas deudas fiscales y previsionales que tienen las pequeñas y medianas empresas, que les significarán una enorme ayuda para ponerse de pie”. El mandatario recordó que el año pasado el Congreso había votado una ley de doble indemnización que luego fue vetada por Macri.

Tarifas

  • Habría un capítulo también para las tarifas de los servicios públicos, cuyos aumentos previstos por la gestión anterior por el momento están frenados. El nuevo Gobierno anticipó que no habrá congelamiento, pero se expresó por "desdolarizar" las tarifas.

Pymes

  • Se esperan también medidas para las pymes, muy golpeadas por la crisis económica. Habría una eximición total o parcial de contribuciones a todas las pequeñas y medianas empresas, además de una moratoria con un nuevo plan de pago de sus deudas.

Jubilaciones y AUH

  • En lo que respecta a las jubilaciones, los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo, se habilitaría la devolución del IVA automática en las cuentas de hasta $700 de todos los beneficiarios.

Emergencia sanitaria

  • La emergencia sanitaria apunta a la extensión de los planes de vacunación.


Otras definiciones

  • Cafiero también sostuvo que por el momento no se prevén cambios en Ganancias y descartó congelamiento de tarifas de los servicios, ya que esto “podría impactar en la inversión”. El proyecto que se enviará al Congreso incluye la facultad de que el Ejecutivo anuncie aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios antes de fin de año.

Cómo es el megapaquete de medidas económicas del Gobierno
 

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