tommy271
Forumer storico
- Diagnóstico colectivo -
En diciembre pasado el Centro Global de Política y Energía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, reunió a unos 45 expertos del mundo financiero, de la energía, empresas, academia y organismos multilaterales para discutir a el tema de Venezuela, en una actualización de una mesa redonda llevada a cabo el 1 de junio.
Monaldi, junto con otros expertos, incluyendo el también venezolano Miguel Ángel Santos recogieron en un documento algunas notas de intervenciones de los participantes, difundido esta semana.
La crisis económica y humanitaria en Venezuela empeoró en la segunda mitad de 2017, con un deterioro en los resultados del PIB, que se desplomó otro 12,5% en el año, para acumular un 37% desde 2013. Se prevé otra caída de 15% en 2018, hiperinflación, aceleración del declive en la producción y exportaciones de petróleo.
“Esto puede llevar el ingreso per cápita a un 50% del nivel que tenía en 2013, con la más grande pérdida en cinco años experimentada por un país de América Latina desde los años 50 y un récord mundial para cualquier país no involucrado en un conflicto armado o que haya sufrido un desastre natural”, apunta el documento.
La producción de petróleo ha caído en diciembre de 2017 y enero pasado a 1,6 millones de bpd, 40% por debajo de los niveles de 2013, según estimados de la Agencia Internacional de Energía que van en línea con los de la OPEP. Mientras que proveedores de información como la firma Kayrros la ubican en 1,5 millones de bpd en enero.
Las sanciones de Estados Unidos limitan ahora la posibilidad de que operadores extranjeros sigan haciendo aportes a los presupuestos de los emprendimientos conjuntos en los campos venezolanos, lo que contribuye a una mayor caída en 2018.
Dada la mala costumbre de Pdvsa de pagar después de largos períodos de tiempo, la limitación impuesta por la OFAC de no financiar deuda de más de 90 días tuvo la consecuencia no intencional de “cortar dramáticamente” operaciones petroleras.
- Misión imposible -
“Algunos factores conspiran para hacer la reestructuración de la enorme deuda venezolana la más abrumadora y complicada reestructuración soberana jamás experimentada”, señalan los apuntes.
La actual posición del gobierno chavista no es el menor de todos los problemas: “lejos de dar señales de voluntad para emprender reformas estructurales, ellos culpan a otros de los problemas del país y no ven nada equivocado con sus resultados”.
“En el improbable evento de que un paquete de reestructuración fuera aprobado por el gobierno, no hay en funcionamiento un cuerpo legislativo para aprobarlo y asegurar a los inversores que será puesto en práctica”, señalan las notas al agregar que otro desafío es la disputa entre una parlamento electo pero cuyos poderes fueron eliminados por el régimen, y una asamblea constituyente repudiada como ilegítima e inconstitucional por la oposición, pero completamente empoderada por el régimen.
La dependencia de Venezuela a una única fuente de divisas no tiene precedentes, lo cual podría complicar enormemente una potencial reestructuración de deuda.
Las obligaciones foráneas, cuyo monto total es desconocido, es más diverso y complicado que el de ningún otro país que haya ido a un proceso de estos.
Estas deudas en juego incluyen créditos bancarios, bonos soberanos, deuda de Pdvsa en bonos y préstamos de empresas proveedoras de bienes y servicios; enormes créditos bilaterales (como con China y Rusia), reclamos en arbitrajes por expropiaciones, reclamos de empresas que participan en firmas conjuntas con Pdvsa, dividendos declarados y no pagados en estas empresas conjuntas.
“Como Pdvsa puede ser considerada “alter ego” del Estado venezolano, los tenedores de deuda soberana podrían competir por sus ingresos con los propios tenedores de deuda de Pdvsa”, observan.
“El único proveedor del país, la industria petrolera, se encuentra ella misma tullida por una proliferación de demandas sobre sus ingresos”, concluyen las notas.
- Como caimán en boca de caño -
Los acreedores “holdout” suelen ser una pesadilla para un país en default, más en un default desordenado.
“El daño que pudiesen causar estos acreedores holdout con fines de litigar es considerablemente mayor que el que Argentina jamás tuvo que enfrentar”, señalan en un informe dos prestigiosos abogados que asesoraron a Grecia en su amargo crisis de deuda.
Los holdout suelen ser una fracción de los tenedores de bonos que prefieren quedarse fuera de toda renegociación de pagos y de descuentos, por lo que demandan su dinero completo, a través de tribunales. Son muy efectivos, inclusive en procesos de embargo de activos de los endeudados gobiernos.
Los abogados Lee C Buchheit y Mitu Gulati, -del bufete Cleary Gottlieb Steen and Hamilton (uno de los que ya está estudiando demandas contra Venezuela, según nuestras fuentes- y profesor de Duke University, respectivamente, señalaban el año pasado que ya antes de las sanciones contra la cúpula chavista había consenso entre los analistas de que Venezuela no podía continuar pagando completa y puntualmente el servicio de su deuda a cambio de una reducción tan sustancial de las importaciones y que el costo social se estaba haciendo insostenible.
“Desde el caso de México en los años 1980, no ha habido ningún otro país emergente con un nivel similar de relaciones comerciales como los de Venezuela que haya intentado restructurar su deuda soberana regida por la legislación del estado de Nueva York. En una restructuración de la deuda soberana venezolana, los acreedores intransigentes, “Holdouts”, constituirán un riesgo legal grave y potencialmente debilitante”, postulan.
Cerca del 75% de los ingresos petroleros de Venezuela proviene de sus ventas de crudo y productos a Estados Unidos, y los activos petroleros de Pdvsa en EEUU serán el principal anzuelo que atraerá a esos jugadores duros, explican.
Los bonos de la República –los de Pdvsa no- incluyen una Cláusula de Acción Colectiva (CAC) que determinan que el 75%,o el 85% en algunos casos, de los acreedores basta para ponerse de acuerdo y aceptar una renegociación de deuda.
Esto sería un alivio para Maduro, pero, como observan los abogados, los acreedores holdout pudiesen adquirir los porcentajes necesarios para bloquear posiciones en uno o más de los bonos CAC.
Una reestrucutración también requiere credibilidad en los mercados.
“Sería iluso pensar que un programa de ajustes económico hecho en Venezuela, diseñado y ofrecido por la actual administración el gobierno se compromete con –y cumplirá—un programa de ajuste que corregirá los problemas subyacentes de la economía”, señalan.
Las sanciones, la quiebra de Pdvsa y el radicalismo creciente de Maduro ya hacen imposible una renegociación ordenada.
Cualquier estrategia en este sentido necesitaría apoyarse en la emisión de nuevos papeles, lo cual es imposible en el mercado de Estados Unidos que es donde además circula el grueso de estos pasivos venezolanos.
Para 2018 los vencimientos suman $3.743 millones.
La deuda externa del gobierno central de Venezuela sumaba $46.825 millones, de los cuales $36.080 millones son bonos de la República, según data del ministerio de Finanzas. Otros $28.524 millones son bonos de Pdvsa (cuya deuda financiera total es de $41.076 millones).
La deuda total de Pdvsa al cierre de 2016 (última cifra disponible) era de $102.563 millones, lo que incluye además de la deuda financiera, otras acreencias, como los $19.824 millones que le debe a los proveedores, de bienes y servicios. Esos impagos en buena parte explican la dificultad para reactivar la producción adicional en el corto plazo, justo cuando más se necesita.
“Ciertamente, una reestructuración convencional de deuda soberana no podría ser posible para Venezuela a la luz de las sanciones impuestas en agosto de 2017 por el gobierno de Estados Unidos y administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, advierte Gulati en comunicación con El Estímulo vía email.
“Estas sanciones impedirán a los tenedores estadounidenses de bonos participar en una reestructuración de deuda”, advierte.
(Elestimulo.com)
***
Da leggere.
En diciembre pasado el Centro Global de Política y Energía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, reunió a unos 45 expertos del mundo financiero, de la energía, empresas, academia y organismos multilaterales para discutir a el tema de Venezuela, en una actualización de una mesa redonda llevada a cabo el 1 de junio.
Monaldi, junto con otros expertos, incluyendo el también venezolano Miguel Ángel Santos recogieron en un documento algunas notas de intervenciones de los participantes, difundido esta semana.
La crisis económica y humanitaria en Venezuela empeoró en la segunda mitad de 2017, con un deterioro en los resultados del PIB, que se desplomó otro 12,5% en el año, para acumular un 37% desde 2013. Se prevé otra caída de 15% en 2018, hiperinflación, aceleración del declive en la producción y exportaciones de petróleo.
“Esto puede llevar el ingreso per cápita a un 50% del nivel que tenía en 2013, con la más grande pérdida en cinco años experimentada por un país de América Latina desde los años 50 y un récord mundial para cualquier país no involucrado en un conflicto armado o que haya sufrido un desastre natural”, apunta el documento.
La producción de petróleo ha caído en diciembre de 2017 y enero pasado a 1,6 millones de bpd, 40% por debajo de los niveles de 2013, según estimados de la Agencia Internacional de Energía que van en línea con los de la OPEP. Mientras que proveedores de información como la firma Kayrros la ubican en 1,5 millones de bpd en enero.
Las sanciones de Estados Unidos limitan ahora la posibilidad de que operadores extranjeros sigan haciendo aportes a los presupuestos de los emprendimientos conjuntos en los campos venezolanos, lo que contribuye a una mayor caída en 2018.
Dada la mala costumbre de Pdvsa de pagar después de largos períodos de tiempo, la limitación impuesta por la OFAC de no financiar deuda de más de 90 días tuvo la consecuencia no intencional de “cortar dramáticamente” operaciones petroleras.
- Misión imposible -
“Algunos factores conspiran para hacer la reestructuración de la enorme deuda venezolana la más abrumadora y complicada reestructuración soberana jamás experimentada”, señalan los apuntes.
La actual posición del gobierno chavista no es el menor de todos los problemas: “lejos de dar señales de voluntad para emprender reformas estructurales, ellos culpan a otros de los problemas del país y no ven nada equivocado con sus resultados”.
“En el improbable evento de que un paquete de reestructuración fuera aprobado por el gobierno, no hay en funcionamiento un cuerpo legislativo para aprobarlo y asegurar a los inversores que será puesto en práctica”, señalan las notas al agregar que otro desafío es la disputa entre una parlamento electo pero cuyos poderes fueron eliminados por el régimen, y una asamblea constituyente repudiada como ilegítima e inconstitucional por la oposición, pero completamente empoderada por el régimen.
La dependencia de Venezuela a una única fuente de divisas no tiene precedentes, lo cual podría complicar enormemente una potencial reestructuración de deuda.
Las obligaciones foráneas, cuyo monto total es desconocido, es más diverso y complicado que el de ningún otro país que haya ido a un proceso de estos.
Estas deudas en juego incluyen créditos bancarios, bonos soberanos, deuda de Pdvsa en bonos y préstamos de empresas proveedoras de bienes y servicios; enormes créditos bilaterales (como con China y Rusia), reclamos en arbitrajes por expropiaciones, reclamos de empresas que participan en firmas conjuntas con Pdvsa, dividendos declarados y no pagados en estas empresas conjuntas.
“Como Pdvsa puede ser considerada “alter ego” del Estado venezolano, los tenedores de deuda soberana podrían competir por sus ingresos con los propios tenedores de deuda de Pdvsa”, observan.
“El único proveedor del país, la industria petrolera, se encuentra ella misma tullida por una proliferación de demandas sobre sus ingresos”, concluyen las notas.
- Como caimán en boca de caño -
Los acreedores “holdout” suelen ser una pesadilla para un país en default, más en un default desordenado.
“El daño que pudiesen causar estos acreedores holdout con fines de litigar es considerablemente mayor que el que Argentina jamás tuvo que enfrentar”, señalan en un informe dos prestigiosos abogados que asesoraron a Grecia en su amargo crisis de deuda.
Los holdout suelen ser una fracción de los tenedores de bonos que prefieren quedarse fuera de toda renegociación de pagos y de descuentos, por lo que demandan su dinero completo, a través de tribunales. Son muy efectivos, inclusive en procesos de embargo de activos de los endeudados gobiernos.
Los abogados Lee C Buchheit y Mitu Gulati, -del bufete Cleary Gottlieb Steen and Hamilton (uno de los que ya está estudiando demandas contra Venezuela, según nuestras fuentes- y profesor de Duke University, respectivamente, señalaban el año pasado que ya antes de las sanciones contra la cúpula chavista había consenso entre los analistas de que Venezuela no podía continuar pagando completa y puntualmente el servicio de su deuda a cambio de una reducción tan sustancial de las importaciones y que el costo social se estaba haciendo insostenible.
“Desde el caso de México en los años 1980, no ha habido ningún otro país emergente con un nivel similar de relaciones comerciales como los de Venezuela que haya intentado restructurar su deuda soberana regida por la legislación del estado de Nueva York. En una restructuración de la deuda soberana venezolana, los acreedores intransigentes, “Holdouts”, constituirán un riesgo legal grave y potencialmente debilitante”, postulan.
Cerca del 75% de los ingresos petroleros de Venezuela proviene de sus ventas de crudo y productos a Estados Unidos, y los activos petroleros de Pdvsa en EEUU serán el principal anzuelo que atraerá a esos jugadores duros, explican.
Los bonos de la República –los de Pdvsa no- incluyen una Cláusula de Acción Colectiva (CAC) que determinan que el 75%,o el 85% en algunos casos, de los acreedores basta para ponerse de acuerdo y aceptar una renegociación de deuda.
Esto sería un alivio para Maduro, pero, como observan los abogados, los acreedores holdout pudiesen adquirir los porcentajes necesarios para bloquear posiciones en uno o más de los bonos CAC.
Una reestrucutración también requiere credibilidad en los mercados.
“Sería iluso pensar que un programa de ajustes económico hecho en Venezuela, diseñado y ofrecido por la actual administración el gobierno se compromete con –y cumplirá—un programa de ajuste que corregirá los problemas subyacentes de la economía”, señalan.
Las sanciones, la quiebra de Pdvsa y el radicalismo creciente de Maduro ya hacen imposible una renegociación ordenada.
Cualquier estrategia en este sentido necesitaría apoyarse en la emisión de nuevos papeles, lo cual es imposible en el mercado de Estados Unidos que es donde además circula el grueso de estos pasivos venezolanos.
Para 2018 los vencimientos suman $3.743 millones.
La deuda externa del gobierno central de Venezuela sumaba $46.825 millones, de los cuales $36.080 millones son bonos de la República, según data del ministerio de Finanzas. Otros $28.524 millones son bonos de Pdvsa (cuya deuda financiera total es de $41.076 millones).
La deuda total de Pdvsa al cierre de 2016 (última cifra disponible) era de $102.563 millones, lo que incluye además de la deuda financiera, otras acreencias, como los $19.824 millones que le debe a los proveedores, de bienes y servicios. Esos impagos en buena parte explican la dificultad para reactivar la producción adicional en el corto plazo, justo cuando más se necesita.
“Ciertamente, una reestructuración convencional de deuda soberana no podría ser posible para Venezuela a la luz de las sanciones impuestas en agosto de 2017 por el gobierno de Estados Unidos y administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, advierte Gulati en comunicación con El Estímulo vía email.
“Estas sanciones impedirán a los tenedores estadounidenses de bonos participar en una reestructuración de deuda”, advierte.
(Elestimulo.com)
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