Durante la campaña electoral Alberto Fernández se manifestó en varias oportunidades en contra de un default. Ahora como presidente sostiene la misma idea y así lo expresó en la última semana el ministro de Economía, Martín Guzmán. Donde hay claras diferencias entre las frases de campaña y la realidad es en el tenor de la reestructuración que plantearía la Argentina. De aquella alusión a un “canje a la uruguaya”, que prácticamente no planteó quitas para los inversores, a una postura mucho más dura en la que los bonistas quedarían bien rezagados en el orden de prioridades.
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El gobierno nacional precisa renegociar la deuda antes del 31 de marzo para evitar que le suceda lo mismo que a la provincia de Buenos Aires. Pero la tarea es sumamente compleja, teniendo en cuenta la cantidad de títulos emitidos, plazos y jurisdicciones. Todo indica que prácticamente no habría negociación con los acreedores. Es decir que se avanzará con una propuesta de reestructuración voluntaria pero unilateral, es decir no consensuada con los bonistas. Esto podría dificultar todavía más el proceso, sobre todo porque los tiempos apremian.
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Más allá de que ronda la idea de evitar quitas de capital significativas, lo más difícil de digerir para los inversores pasan por los “años de gracia” que pide e Gobierno para volver a pagar. Esto significa que a lo largo de los próximos dos o tres años los bonistas no cobrarían un sólo centavo ni de capital ni de intereses de la deuda. La explicación que surge del Gobierno es que se trata de un paso fundamental para que la Argentina vuelva a crecer. Es decir que primero está el crecimiento económico y luego empezar a pagar la deuda.
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El modelo remite obviamente al período 2002-2005. Durante esos cuatro años la Argentina estuvo en default total, con más de USD 100.000 millones de deuda impaga. Paradójicamente, fueron los años donde la economía creció a “tasas chinas”. Sin el peso de la deuda, con alta capacidad instalada y un tipo de cambio supercompetitivo, la producción logró recuperarse del estallido de la Convertibilidad.
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Los inversores (entre ellos bancos, analistas y sociedades de Bolsa) manejan otra visión. Plantean que la propuesta de la Argentina debe ser mucho más amigable porque de lo contrario el país no podría recuperar el acceso al financiamiento voluntario. Es decir que ni el Gobierno nacional, ni las provincias y probablemente tampoco las empresas consigan crédito en los mercados si la Argentina no consigue bajar sustancialmente su riesgo país. El planteo es que el rendimiento de los nuevos bonos que emita el Gobierno debería ubicarse entre el 8% y el 10% anual en dólares como máximo.
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Pero esta idea no es compartida en la visión oficial. Tanto el Presidente como Guzmán saben que el descrédito de la Argentina es total. Y ni siquiera una renegociación más “amigable” asegura un retorno exitoso a los mercados. Se daría así el peor de los mundos. Ir a una renegociación de la deuda muy blanda, comprometer pagos a los bonistas que están por encima de las posibilidad del país y encima no recuperar el acceso a los mercados voluntarios.
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El Gobierno lleva a Nueva York una propuesta “poco amigable” para la deuda y los mercados vuelven a castigar a la Argentina
