Titoli di Stato area non Euro ARGENTINA obbligazioni e tango bond

La justicia de Estados Unidos suspendió el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca al próximo gobierno argentino

Lo resolvió Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, ante la incertidumbre electoral

Por Román Lejtman
17 de septiembre de 2019




  • Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, anunció hace instantes que suspendió el juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hasta tanto no se conozca al nuevo gobierno de la Argentina. Preska debe decidir sobre la demanda contra la Argentina e YPF por la expropiación de la petrolera de bandera -en 2012-, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa fue iniciada por Burford Capital, un estudio global que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas. Burford Capital exige al Estado Nacional y a YPF un resarcimiento que oscila entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.

Argentina e YPF rechazan las pretensiones de ese fondo buitre y exigen que la presentación judicial radicada en New York se termine de resolver en los tribunales nacionales asentados en la Capital Federal. Para los abogados del Estado y de la empresa mixta de energía no hay ninguna razón para litigar en Manhattan.

La jueza Preska, que sucedió al implacable Thomas Griesa, decidió hoy suspender las actuaciones hasta que se defina la situación electoral en el país. Preska conoce la coyuntura nacional y resolvió aguardar un tiempo prudencial para saber si seguirá negociando con Mauricio Macri o deberá aguardar hasta 2020 para saber la estrategia procesal que ejecutará Alberto Fernández desde la Casa Rosada.

"Ante la realización de las elecciones en la República Argentina, este tribunal aplaza las fechas de información sobre la Moción de Desestimar para la norma de Forum non Conveniens hasta que este más claro que administración tendrá el poder de hablar en nombre de la República", decidió Preska.

Y concluyó: “En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía Inversore y Eton Park Capital Management para presentar documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo de respuesta de la república se extiende hasta el 7 de enero de 2020”.



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Antes de esta inesperada resolución de la jueza de New York, la Corte Suprema de Estados Unidos había resuelto que no tenía competencia en este caso y Preska a continuación desestimó un juicio sumario que exigía Burford para acelerar una resolución que le permitiera embolsar millones de dólares con un presunto derecho bursátil que había comprado por migajas.


En este contexto, Preska también ordenó congelar todas las acciones y recursos hasta que decidiera si hace lugar -o no- a los argumentos jurídicos presentados por la Argentina. Esos argumentos apuntan a demostrar que el juicio debe ventilarse en los tribunales radicados en la ciudad de Buenos Aires.

Precisamente, en la doctrina americana que se conoce como forum non conveniens, se acepta la potestad del tribunal de Preska para fallar sobre la cuestión de fondo, si no se lograra convencer al magistrado sobre la conveniencia de hacer justicia en otra jurisdicción. En este caso, en la Argentina.

La decisión de Preska fue sorpresiva, pero tiene lógica jurídica. El 30 de octubre -tres días después de los comicios de primera vuelta-, los fondos buitres que representa Burford Capital tenían que contestar el recurso que había presentado la Argentina para trasladar la causa desde New York a Buenos Aires.

Y puede suceder que Fernández suceda a Macri, y que la posición de Argentina sea diferente al momento de presentar la oposición a la estrategia de Burford Capital.


Entonces Preska, para evitar un embrollo procesal y político, dictó un wait and see hasta saber quién jurará el 10 de diciembre en la Casa Rosada. Están en juego, ni más ni menos, entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.

La justicia de Estados Unidos suspendió el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca al próximo gobierno argentino
 
Por la caída de depósitos, los bancos aceleran la cancelación de préstamos en dólares

Es un fuerte impacto para las pyme que necesitan prefinanciar exportaciones. Les ofrecen créditos en pesos pero con tasas altísimas

18 de septiembre de 2019









La abrupta caída de los depósitos en dólares que sufrieron los bancos desde las PASO obligó a un cambio del negocio casi de la noche a la mañana. Ante la obligación de devolver cerca de USD 10.000 millones a pedido de sus clientes, la mayoría de las entidades salió a cancelar de manera acelerada los créditos que habían otorgado a las empresas para prefinanciar exportaciones.

Aunque suena un tanto exagerado, algunos banqueros ya hablan de ponerle un punto final al negocio de intermediar en moneda extranjera. "Parece un contrasentido, pero la realidad es que así como está diseñado no sirve para nadar captar dólares del público", explican.

Los depósitos en moneda extranjera cayeron en USD 10.000 millones desde el 12 de agosto hasta ahora, pasaron de USD 32.500 millones a USD 22.500 millones. Una buena parte de esas divisas estaban preventivamente "encajados" en cuentas del Central, lo que permitió dar una rápida respuesta a los clientes.

La buena noticia de las últimas jornadas es que ese goteo de dólares está llegando a una mínima expresión. Pero nadie es capaz de descartar que se vuelva a calentar la tendencia en los próximos meses, considerando que se aproximan las elecciones presidenciales y luego el cambio de gobierno.

Los préstamos en dólares también cayeron en los últimos 30 días, pero en menor medida: cerca de un 10%, pasando de 16.000 a 14.000 millones de dólares, ante la decisión de los bancos de no renovarlos al vencimiento, ante el cambio de escenario que impuso el control de cambios. Esto significa que hasta las PASO aproximadamente la mitad de los depósitos en moneda extranjera se prestaba y el resto se mantenía como encaje, es decir quedaban a resguardo.

Incluso el financiamiento en dólares se canaliza en operaciones a seis meses en promedio, que es lo que usualmente se pacta para prefinanciar exportaciones. Esto permitiría reducir de una manera bastante rápida el stock existente.

Se estima que por lo menos hasta fin de año la mayoría de los bancos, en especial los privados, continuarán pidiéndole a las empresas que devuelvan los préstamos en moneda dura. Esto representa un duro golpe (uno más) para las pyme, especialmente para aquellas que venían haciendo el esfuerzo de abrir mercados de exportación.

"Esto nos cayó como un mazazo, porque refinanciar la línea en dólares era algo que ya venía sucediendo hace tiempo. Que ahora te pidan cancelar el préstamo complica a muchas empresas", señalaron desde una cámara industrial que agrupa a gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas exportadoras.

La alternativa que ofrecen a las compañías que se ven afectadas es reemplazar esos préstamos en dólares por uno en pesos, pero la diferencia de tasas es abismal. El costo que se cobra por una prefinanciación de exportaciones se suele ubicar incluso por debajo del 5% anual en dólares.

Toda esta situación obliga a un replanteo de todo el negocio en dólares. No es un tema menor, porque las colocaciones en moneda extranjera que hasta principios de agosto recibían los bancos representaba el 30% del total en promedio del sistema.

Pero lo concreto es que muchas entidades no ven ya ningún negocio en captar dólares que en buena medida luego no podrán prestar. Por eso, a pesar de la fuerte salida de depósitos la tasa que pagan por un plazo fijo en moneda dura no suele superar el 1% anual para un plazo de 30 días. Esto es menos de lo que paga un banco en los Estados Unidos. En cambio, pueden elevar la tasa a niveles de 3 ó 4% anual si la colocación se hace a un año.

Por la caída de depósitos, los bancos aceleran la cancelación de préstamos en dólares
 
Irregularidades con el crédito del Fondo Monetario Internacional

¿Quién pagará por la deuda ilegítima?

No hubo un acto administrativo (decreto del PEN) que autorizara a algún funcionario a la firma del acuerdo con el FMI, previo análisis de la legalidad e impacto que tendría en la balanza de pagos. El antecedente del genocida Emilio Massera, quien tuvo que responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en ocasión y en ejercicio de su cargo público.


Por Betina S. Stein *








Hace un año y medio advertíamos en un artículo publicado en este diario sobre la ilegitimidad del acuerdo suscripto con el FMI , por carecer el Poder Ejecutivo de facultades para ello a la luz de la letra de la Constitución Nacional. Es al Congreso de la Nación, a quien se acuerda la facultad de “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”. Si hablamos de ilegitimidad, vale la pena recordar que el almirante Emilio Massera debió responder con su patrimonio por las atrocidades cometidas en ocasión y en ejercicio de su cargo público. Y debió hacerlo por la iniciativa de un ciudadano en particular, y no por el reclamo de la Nación, como debió haber sido.

Cabe preguntarse si el Estado no debe investigar las circunstancias que rodearon a la toma de la deuda en dólares de mayor envergadura en la historia del país. Y si de haber existido irregularidades en el proceso de decisión, el Estado Argentino, víctima de los perjuicios patrimoniales ocasionados por tales irregularidades no debería demandar judicialmente a los funcionarios responsables de haber generado ilegítimamente esa deuda, para que se los condene a reparar esos perjuicios con su propio patrimonio.

Vayamos a los hechos concretos y a lo que estipulan las leyes. Esta semana la sala III de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia del juez de grado que había rechazado la acción de amparo presentada por Eduardo Julio Codianni, ante la negativa del Ministerio de Hacienda de brindarle la información completa que, en relación con el préstamo contraído con el FMI, había solicitado el amparista.

En función de los términos del art. 1 de la ley de derecho de acceso a la información, la Cámara hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional brindar información “clara, precisa, completa y detallada” sobre diversas cuestiones vinculadas con el empréstito contraído con el Fondo Monetario Internacional. Surge de los considerandos de dicha sentencia que en el informe producido en el expediente judicial por el Estado Nacional a que obliga la ley 16.986, éste expresamente señaló: “La firma de un acuerdo es una potestad del Poder Ejecutivo por lo que no se requieren dictámenes previos ni aprobación del Congreso Nacional. La Ley de Administración Financiera 24.156, que aplica porque somos parte del FMI desde 1956 así lo indica”

Tan absurda aseveración demuestra que la ilegítima toma del crédito sin la autorización del Congreso, ostenta ahora un aditamento más consistente en el hecho de que en el seno del Poder Ejecutivo se tomó la decisión, violando las normas que regulan la función administrativa, al no solicitar los informes establecidos por la ley de administración financiera.

Lo cierto es que el propio Estado reconoció en la presentación efectuada en el juicio de amparo, que no hubo dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación ni de las direcciones jurídicas de los órganos involucrados; ni informe o análisis de las estructuras administrativas con competencia en materia de crédito público. En definitiva, no hubo un acto administrativo (decreto del PEN) que autorizara a algún funcionario a la firma del acuerdo con el FMI, previo análisis de la legalidad e impacto que tendría en la balanza de pagos, la toma de un préstamo de tal envergadura.

Las omisiones descriptas –de confirmarse- comprometen seriamente la responsabilidad de los funcionarios públicos que han participado en la maniobra de endeudamiento más grande de los últimos tiempos. Esa responsabilidad no es solamente penal sino también y esencialmente, de índole patrimonial.

Uno de los tres camaristas firmantes del fallo dictado esta semana por la sala III en el amparo iniciado por Codianni, es Jorge Esteban Argento, quien suscribiera en el año 1996 la sentencia que condenara al ex almirante Massera a indemnizar a Daniel Tarnopolsky por el secuestro y desaparición forzosa de sus padres y hermanos durante la última dictadura militar. Fallo éste luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de agosto de 1999. Y Massera tuvo que responder con su patrimonio.

El presidente Mauricio Macri ha utilizado con absoluta convicción la frase “el que las hace las paga”. Quizás esa frase represente en el futuro un verdadero tiro en el pie para los responsables de la más grande deuda externa que la Argentina deba afrontar.

* Abogada.
 
El mercado estudia los casos de Argentina 2005, Uruguay 2003 y Ucrania 2015

Los escenarios para una eventual reestructuración de deuda


La economía macrista termina en default y bancos internacionales empezaron a evaluar qué tipo de negociación se abrirá con Argentina. Analizan magnitud de la quita de capital, extensión de plazos y cuál será la tasa de interés.

Por Federico Kucher





El endeudamiento vertiginoso del gobierno de Mauricio Macri arrojó nuevamente a la economía argentina a una escenario de reestructuración de bonos. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, la presentó como una operación de "reperfilamiento" de la deuda. Pero en el mercado no dudan que habrá una refinanciación global de la deuda argentina. Este tipo de negociación con los acreedores no será sencilla porque es un juego de suma cero: lo que el país disminuya en pagos de intereses y capital es equivalente a lo que los inversores dejarán de cobrar.

La salida a esta nueva crisis de la deuda es una incógnita y puede ser más o menos amistosa con el mercado. Para tener algunas pistas vale repasar entonces lo qué pasó en las últimas diez reestructuraciones en el mundo. Una primera forma de clasificarlas es si se hicieron con quita efectiva del capital e intereses o simplemente se extendieron los plazos de repago, que significa una quita implícita para los inversores por el costo de oportunidad.

En las últimas 10 reestructuraciones, 6 de cada 10 países negociaron una quita. Ordenando la lista en forma cronológica la primera que aparece es la de Argentina en 2005. Le siguen Iraq (2006), Ecuador (2009), Costa de Marfil (2010), Grecia (2012) y Ucrania (2015).

Este listado fue preparado por economistas del fondo de inversión británico Schroders para una presentación a sus clientes a puertas cerradas sobre la situación financiera de la economía argentina. Entre los 4 países que no recortaron capital se destaca la negociación de Uruguay en 2003.

En ese momento la deuda uruguaya representaba el 112 por ciento de su PIB. La negociación con los acreedores incluyó el aplazamiento de los pagos por cinco años y la oferta alcanzó una aceptación del 93 por ciento. El capital e intereses de la deuda se pagaron normalmente en el período que duró la negociación.

La contracara de esta salida menos traumática para los inversores fue el default de la Argentina en 2002 y el canje de la deuda iniciado en 2005. Se estiraron los plazos para el repago de la deuda hasta 30 años y hubo una quita directa del capital.

Al respecto, existen distintas formas de computar el recorte aplicado.Los investigadores Juan Cruces y Chirstoph Trebesch explican la forma en la que puede medirse una quita: se calcula el valor presente de la deuda reestructurada y se lo divide por el monto nominal de la deuda original. Este es el criterio que se usa en el mercado y en la prensa financiera para resumir el resultado de una reestructuración.

La cifra de la quita que calcularon Cruces y Trebesch para Argentina 2005 es 78 por ciento y la de Uruguay 2003 es 9 por ciento., En este último caso no hubo un recorte del capital directo sino una quita implícita por la extensión del plazo de pagos.

Estos dos investigadores hicieron una recopilación desde 1970 de procesos de cesasión de pagos y renegociación con los acreedores. Estudiaron 187 eventos de reestructuración en los que el promedio simple del recorte de deuda fue del 40 por ciento.

La negociación amistosa de los uruguayos o la firmeza del canje argentino no son los únicos antecedentes de reestructuraciones en los últimos años. Existe un caso intermedio: Ucrania en 2015.

Ese país alargó cuatro años los plazos de repago de la deuda y realizó un recorte de capital de 20 por ciento. El caso ucraniano tiene particularidades por las condiciones geopolíticas (enfrentamiento de las potencias occidentales con Rusia) en las que se renegoció con grandes fondos de inversión
. Pero no deja de ser un antecedente para evaluar futuros escenarios para la deuda argentina.

La economía ucraniana había recibido un crédito stand by del Fondo Monetario Internacional. El organismo reemplazó ese préstamo por uno de facilidades extendidas. Es decir, alargó el plazo de repago de las deudas y pidió a cambio la reestructuración con los privados.

El precio de los bonos ucranianos se ubicaba por encima de la paridad a mediados de 2014, un año antes de la renegociación. En pocos meses el valor de los títulos bajó en picada y a principio de 2015 llegaron a cotizar a 40 dólares. En agosto de ese mismo año se hizo el anuncio de acuerdo con quita del 20 por ciento; a partir de ese momento comenzó la recuperación del mercado y en octubre ya cotizaban a 80 dólares.


Los escenarios para una eventual reestructuración de deuda | El mercado estudia los casos de Argentina 2005, Uruguay 2003 y Ucrania 2015
 
El Banco Central habilitó el giro de dólares al exterior para cancelar bonos del sector público

Provincias y empresas lanzadas contra las cuerdas del default


La emisión de bonos provinciales suma un total de 12.336 millones de dólares. El Banco Central analizará caso por caso para habilitar el pago de capital e intereses. El caso Irsa.

Por Cristian Carrillo







Para evitar que se extienda la cesación de pagos de la deuda pública, el gobierno de Macri puso contra las cuerdas del default la deuda de provincias y empresas. El Banco Central dispuso a última hora del lunes habilitar la salida de dólares sólo cuando sea para el pago de deuda del Estado nacional. Para el resto, de acuerdo a lo que confirmaron voceros del Central, se analizará caso por caso.

Desde que la fuerza política Cambiemos, desembarcó en la Casa Rosada, las provincias emitieron bonos por un total de 12.336 millones de dólares, con una vida promedio de ocho años, las cuales ahora podrían quedar bajo el selllo default selectivo.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró el lunes en el Congreso al presentar el proyecto de Presupuesto del año próximo que “la Argentina no tiene problemas de solvencia”. Los fríos números de las finanzas públicas dicen otra cosa. La constante y acelerada pérdida de reservas en las últimas semanas obligó al gobierno a ajustar todavía más el control cambiario. La fuga de capitales continúa, los ahorristas pasan sus depósitos a dólares y los retiran del sistema. Desde las PASO, bajaron casi 10 mil millones de dólares las colocaciones a plazo.

Además de establecer tope mensual de compra de dólares, el Banco Central aplicó un freno al giro de utilidades de las empresas. Medidas que no alcanzaron. Se acercaron los vencimientos de deuda de empresas y provincias y el titular del BCRA, Guido Sandleris, tuvo que recalcular. Dispuso que los controles cambiarios “no resulta de aplicación a las centrales locales de depósito colectivo de valores por los fondos percibidos en moneda extranjera por los servicios de capital y renta de títulos del Tesoro Nacional, que sean retransferidos al exterior como parte del proceso de pago a solicitud de las centrales de depósito colectivo del exterior”.

Se libera así el pago de dólares para atender vencimientos de bonos públicos en manos de inversores extranjeros con cuentas en el exterior. A la vez coloca en una zona gris a empresas y provincias. Queda a libre criterio del Central si autoriza los pagos al exterior de capital e intereses de bonos de provincias y de obligaciones negociables de compañías privadas. “Hay que evaluar cada uno de los prospectos de emisión de deuda. Por ejemplo, el lugar dónde se paga la obligación que tienen contraída cada empresa”, informaron desde el Central a este diario. “En el caso de IRSA, por ejemplo, lo que está establecido es que se paga en Buenos Aires”, agregaron.

El caso más cercano para conocer cuál será la actitud del BCRA ante el pedido de las empresas es el de IRSA, que tuvo problemas la semana pasada para abonar 135 millones de dólares en intereses a sus acreedores. La firma acreditó los desembolsos en las cuentas de los tenedores de deuda pero el dinero no llegó. Cuando eso le sucedió a la Argentina por extorsión de un ex juez estadounidense (Thomas Griesa) para favorecer a fondos buitre se repitió hasta el cansancio que el país estaba en default selectivo.

También las automotrices alertaron sobre problemas para pagar deudas vinculadas con importaciones de vehículos y de sus partes por ser muy bajos los cupos de dólares oficiales. Las empreas son invitadas a sortear el cepo mediante operaciones del dólar “contado con liquidación” o MEP, para obtener divisas en el mercado, aunque eso les resulta un importante aumento en los costos operativos de las compañías. La brecha entre ambas cotizaciones supera el 20 por ciento. Las restricciones a la operatoria de contado con liqui se enfocan en pequeños ahorristas. “Hoy YPF paga una obligación negociable. Habrá que ver cómo lo hace”, anticipó en diálogo con este diario el economista Agustín D’Attellis.

Las provincias no tienen la posibilidad de utilizar esa operatoria bursátil y están en una situación peor. “En este caso no se entiende. Tal vez, haya algún castigo político que no estemos viendo”, indicó el titular de Synthesis y ex banquero central, Alejandro Vanoli. Según los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8 por ciento.

Luego de acordar con los fondos buitre, las provincias se sumaron al ciclo de endeudamiento. Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires emitieron deuda en moneda extranjera por 12.336 millones de dólares. Las provincias más expuestas por la participación de la deuda en dólares en el total de los pasivos son Santa Fe (99 por ciento del total), Córdoba (95 por ciento), Chubut (86 por ciento), Buenos Aires (80 por ciento) y Neuquén (70 por ciento).

Provincias y empresas lanzadas contra las cuerdas del default | El Banco Central habilitó el giro de dólares al exterior para cancelar bonos del sector público
 

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