El Nuevo Herald: Fiscal y Magistrados en el exilio podrían ser la puerta a un eventual gobierno paralelo
Abr 20, 2018 2:29 pm
Venezuela tiene dos tribunales supremos por estos días: uno en Caracas sus magistrados nombrados a dedo por Nicolás Maduro y otro en el exilio, también tiene dos congresos, y dos fiscales generales, con la que se encuentra en el exilio, Luisa Ortega Díaz, emprendiendo un juicio por corrupción contra Maduro, mientras que el que se encuentra en Caracas se dedica a encarcelar opositores, así lo reseña
El Nuevo Herald.
En momentos en que la implosión económica y social del país petrolero envía a cientos de miles de venezolanos a buscar refugio en países vecinos y funcionarios adversos al régimen se ven obligados a salir de Venezuela para evitar prisión, algunos ven la posible conformación de un eventual gobierno paralelo que podría estar en condiciones de desafiar al régimen en el terreno internacional.
“Ya están a medio camino”, dijo desde Nueva York Asdrúbal Aguiar, un abogado
y ex ministro venezolano. La comunidad internacional ya considera que Maduro encabeza “una especie de gobierno paria” y el régimen ha estado siendo sometido a sanciones internacionales en un intento por torcerle el brazo para que restaure la democracia.
Un gobierno en el exilio que gane reconocimiento internacional podría propinarle un duro golpe a Maduro, en momentos en que intenta establecer nuevas lineas de financiamiento en el exterior para poder mantener a su régimen a flote.
“Si ocurre algo como esto, sería una puñalada en el corazón del régimen de Maduro”, dijo Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami.
El gran obstáculo, por supuesto, es Maduro, quien sigue manteniendo un férreo control del poder a través del ejército.
Pero a comienzos de este mes, Ortega y el Tribunal Supremo en el exilio emprendieron el juicio por corrupción a Maduro, acusando al gobernante de costarle miles de millones de dólares a la nación petrolera al favorecer a Odebrecht con contratos para enormes obras que nunca fueron construidas.
Aún cuando la legitimidad está del lado de los funcionarios venezolanos exiliados, éstos no tienen manera de hacer cumplir la ley dentro del país petrolero. Aún así, recibieron un espaldarazo de la Asamblea Nacional esta semana, controlada por la oposición, que por un margen de 105 votos a favor y dos en contra aprobaron que sí existen suficientes méritos para enjuiciar a Maduro, decisión histórica que bajo los parámetros de la Constitución automáticamente separa al líder bolivariano del poder.
“De acuerdo con la Constitución, el presidente es destituido automáticamente”, dijo desde Bogotá el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Miguel Ángel Martín, a el Nuevo Herald. “Y judicialmente, una vez que la Asamblea Nacional nos notifique formalmente su decisión, iniciaremos la fase de examen de evidencia, luego las audiencias y luego la fase de decisión”.
El régimen de Maduro envió una carta al gobierno colombiano en protesta por lo que llamó un espectáculo montado por “usurpadores” de funciones desde la sede del Congreso del vecino país.
Dentro de Venezuela, el régimen simplemente ha optado por ignorar las decisiones del TSJ y de la Asamblea Nacional. Pero la decisión del tribunal podría ser tomada en serio en el exterior, en vista de que Estados Unidos y otros miembros clave de la comunidad internacional ya han declarado que reconocen sólo la autoridad de la Asamblea Nacional controlada por la oposición y no la versión sustituta creada por Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente.
En el pasado, los gobiernos del exilio han sido formados en respuesta a la ocupación ilegal de un país de origen, siendo el ejemplo más memorable el de Charles de Gaulle durante la ocupación nazi en Francia. Y lo más interesante de este concepto es que este tipo de gobierno puede llegar a obtener reconocimiento internacional.
En el caso de Venezuela, un gobierno en el exilio internacionalmente reconocido podría romper conexiones importantes del régimen con la comunidad internacional en escenarios como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, dijo Sánchez, un ex ministro boliviano.
El que su legitimidad sea desafiada tan abiertamente podría impactar económicamente al régimen, poniendo en peligro cualquier posibilidad de recibir más ayuda financiera de gobiernos amigos, como lo ha estado buscando desesperadamente para mantenerse en medio del colapso económico del país y las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y Europa, dijeron analistas.
Pero también podría tener repercusiones políticas. Un gobierno en el exilio pasaría de inmediato a convertirse en un gobierno de transición, disipando temores de que una abrupta salida de Maduro podría provocar un vacío de poder que conduzca a una guerra civil, agregaron los expertos.
Los millones de Odebrecht
Por ahora, los magistrados en el exilio y Ortega –quien durante años fue un miembro clave del régimen de Maduro antes de que comenzara a investigar la corrupción dentro de la administración– aseguran que solo están buscando defender las instituciones del país.
“En Venezuela, ya no hay instituciones. Han sido destruidas desde adentro”, dijo Ortega, quien se vio obligada a huir a Bogotá para evadir su arresto inminente.
Martín, el presidente de la corte en el exilio, dijo que lo que Maduro montó en Venezuela es una corte de facto, y que son él y sus compañeros en el exilio los que ostentan de la verdadera legitimidad.
Agregó que el TSJ está simplemente cumpliendo con su deber a pesar que que fueron obligados a abandonar el país bajo riesgo de arresto.
El juicio contra Maduro solo ha sido posible gracias a la tecnología existente, y los procedimientos están siendo conducidas a través de videoconferencias realizadas desde Bogotá, Miami, Ciudad de Panamá y Santiago de Chile, donde ahora residen Ortega y los jueces.
Ortega dice que tiene amplia evidencia de que Maduro se llevó millones de dólares en sobornos para otorgar a la constructora brasileña Odebrecht contratos públicos masivos por un valor de al menos $1,700 millones.
Los proyectos de obras públicas nunca se construyeron, dijo Martin durante la audiencia de la semana pasada, que se celebró en las cámaras del Senado colombiano.
En uno de los episodios registrados, Maduro personalmente le pidió a Odebrecht un soborno de $50 millones, pero la firma brasileña terminó pagando solo $35 millones.
Aunque Maduro hasta ahora ha tratado el caso como un evento insignificante, los funcionarios exiliados insisten en que podría tener graves repercusiones si la comunidad internacional lo toma en serio. Por ejemplo, un pronunciamiento emitido la semana pasada por el tribunal pidió que Maduro sea incluido en la lista de arrestos de INTERPOL.
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