Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 2 (2 lettori)
- Creatore Discussione tommy271
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tommy271
Forumer storico
El “decreto” de reestructuración de la deuda colapsa credibilidad de Venezuela
09/11/2017
POR JOSÉ TORO @JOSETOROHARDY
EL INTERÉS
@el_interes
http://www.facebook.com/sharer.php?...-la-deuda-colapsa-cdredibilidad-de-venezuela/
https://plus.google.com/share?url=h...-la-deuda-colapsa-cdredibilidad-de-venezuela/
Maduro “decretó” una reestructuración y refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó. Ciertamente tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.
Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.
Es el resultado de una negociación compleja porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre se ponen de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y por otra parte entre ellos y el gobierno deudor.
No es fácil el acuerdo entre acreedores. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja substancial. Sin embargo no
todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.
A quienes así actuaron Cristina Kirchner los tildó de “fondos buitres”. Pero independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso, procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina en el puerto de Tema al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana, a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.
Vemos pues los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías en EEUU, Europa y el Caribe y tanqueros que navegan en distintos océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.
Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda. Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.
En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al Artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la única forma de que no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, es sólo si la República se beneficia, ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses.
En otras palabras que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, lo cual luce bastante difícil en las actuales condiciones.
En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default. Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago. El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de una posibilidad de un 75% de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el “decreto” de Maduro provocó un caída de entre un 25 y un 40% en bonos de PDVSA y de la República.
Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia. La reestructuración o refinanciamiento de esa deuda luce casi imposible sin una decidida participación del Fondo Monetario Internacional, máxime en momentos en que las sanciones de los EEUU impiden a las instituciones de ese país realizar operaciones de swaps que permitan cambiar deuda vieja por deuda nueva e incluso participar en negociaciones a cargo de un alto funcionario del gobierno venezolano sancionado por las autoridades norteamericanas.
***
Opinioni.
09/11/2017
POR JOSÉ TORO @JOSETOROHARDY
EL INTERÉS
@el_interes
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Maduro “decretó” una reestructuración y refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó. Ciertamente tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.
Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.
Es el resultado de una negociación compleja porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre se ponen de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y por otra parte entre ellos y el gobierno deudor.
No es fácil el acuerdo entre acreedores. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja substancial. Sin embargo no
todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.
A quienes así actuaron Cristina Kirchner los tildó de “fondos buitres”. Pero independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso, procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada Argentina en el puerto de Tema al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana, a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.
Vemos pues los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías en EEUU, Europa y el Caribe y tanqueros que navegan en distintos océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.
Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda. Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.
En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al Artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la única forma de que no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, es sólo si la República se beneficia, ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses.
En otras palabras que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la Asamblea Nacional, lo cual luce bastante difícil en las actuales condiciones.
En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default. Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago. El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de una posibilidad de un 75% de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el “decreto” de Maduro provocó un caída de entre un 25 y un 40% en bonos de PDVSA y de la República.
Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia. La reestructuración o refinanciamiento de esa deuda luce casi imposible sin una decidida participación del Fondo Monetario Internacional, máxime en momentos en que las sanciones de los EEUU impiden a las instituciones de ese país realizar operaciones de swaps que permitan cambiar deuda vieja por deuda nueva e incluso participar en negociaciones a cargo de un alto funcionario del gobierno venezolano sancionado por las autoridades norteamericanas.
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Opinioni.
giub
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giub
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Fly to Venezuela for Answers, Finance Head Tells Bondholders
Ben Bartenstein
November 9, 2017, 2:37 pm November 9, 2017, 11:33 am
(Bloomberg) -- Simon Zerpa, Venezuelan President Nicolas Maduro’s most powerful financial confidant and one of the officials tapped to help lead talks with bondholders on Monday, is keeping his poker face ahead of the crucial meeting in Caracas.
Acting as both the nation’s finance minister and chief financial officer of state-run oil firm PDVSA, Zerpa said in a rare phone interview late Wednesday that he doesn’t plan to share any further insight into the future of pending bond payments or strategies until the Nov. 13 meeting in Venezuela’s capital. Moody’s Investors Service has called that day a “critical date” with expiring grace periods for interest payments acting as a backdrop to the meeting.
When asked if Petroleos de Venezuela SA intends to honor its debt obligations for the remainder of 2017, Zerpa told Bloomberg that investors “have to come to the meeting on Monday” to find out. “Here we are going to give information,” he said from Caracas. “Before that, I can’t offer more details.”
A self-taught diplomat and socialist financier, Zerpa sounded confident that bondholders would make the trek next week after the U.S. Treasury Department told investors they could go, as long as they proceed with extreme caution. Both Zerpa and Vice President Tareck El Aissami, who’s heading the negotiations, were sanctioned by Donald Trump’s administration, giving investors pause over engaging in talks and prompting concern among Wall Street compliance departments.
Other hurdles to assure a strong turnout include visa requirements, logistical difficulties from flights to security on the ground, and hesitation over providing details of holdings to a recently launched website dubbed “Sovereign Renegotiation.” Current sanctions would prohibit a classic debt restructuring.
Venezuela’s benchmark bonds due 2027 have tumbled to record lows this week, trading at 23 cents on the dollar, from 54 cents in January, after Maduro announced plans to renegotiate the country’s debt load, alternating between terms like refinancing and restructuring.
The five-year implied probability of a PDVSA default climbed to 99.99 percent on Wednesday from 93.25 percent a year ago, according to credit-default swaps data compiled by Bloomberg. The International Swaps & Derivatives Association has agreed to review a request to determine whether an event of default has occurred due to delayed principal payments on the PDVSA bond that matured Nov. 2.
Ben Bartenstein
November 9, 2017, 2:37 pm November 9, 2017, 11:33 am
(Bloomberg) -- Simon Zerpa, Venezuelan President Nicolas Maduro’s most powerful financial confidant and one of the officials tapped to help lead talks with bondholders on Monday, is keeping his poker face ahead of the crucial meeting in Caracas.
Acting as both the nation’s finance minister and chief financial officer of state-run oil firm PDVSA, Zerpa said in a rare phone interview late Wednesday that he doesn’t plan to share any further insight into the future of pending bond payments or strategies until the Nov. 13 meeting in Venezuela’s capital. Moody’s Investors Service has called that day a “critical date” with expiring grace periods for interest payments acting as a backdrop to the meeting.
When asked if Petroleos de Venezuela SA intends to honor its debt obligations for the remainder of 2017, Zerpa told Bloomberg that investors “have to come to the meeting on Monday” to find out. “Here we are going to give information,” he said from Caracas. “Before that, I can’t offer more details.”
A self-taught diplomat and socialist financier, Zerpa sounded confident that bondholders would make the trek next week after the U.S. Treasury Department told investors they could go, as long as they proceed with extreme caution. Both Zerpa and Vice President Tareck El Aissami, who’s heading the negotiations, were sanctioned by Donald Trump’s administration, giving investors pause over engaging in talks and prompting concern among Wall Street compliance departments.
Other hurdles to assure a strong turnout include visa requirements, logistical difficulties from flights to security on the ground, and hesitation over providing details of holdings to a recently launched website dubbed “Sovereign Renegotiation.” Current sanctions would prohibit a classic debt restructuring.
Venezuela’s benchmark bonds due 2027 have tumbled to record lows this week, trading at 23 cents on the dollar, from 54 cents in January, after Maduro announced plans to renegotiate the country’s debt load, alternating between terms like refinancing and restructuring.
The five-year implied probability of a PDVSA default climbed to 99.99 percent on Wednesday from 93.25 percent a year ago, according to credit-default swaps data compiled by Bloomberg. The International Swaps & Derivatives Association has agreed to review a request to determine whether an event of default has occurred due to delayed principal payments on the PDVSA bond that matured Nov. 2.
archmax
Forumer attivo
Due documenti sempre degli stessi autori, Lee C. Buchheit y Mitu Gulati.
"Conclusion
Until the scope of the Second Circuit’s decisions in the NML case are fully clarified, the architects of sovereign debt restructurings under New York law will need to find some way of assuring those creditors who elect to participate in a restructuring that payments under the New Bonds they receive in the workout will not later become the object of an NML-style pari passu injunction. If such an assurance cannot be given, the prospects for a successful debt restructuring will be diminished."
"Conclusion
Napoleon’s invasion of Russia in 1812 was a large undertaking. Restructuring Venezuela’s public sector debt will be a very large undertaking.
Venezuela will not be able to view the prospect of holdout creditors with the same equanimity that Argentina showed in 2005 at the time of that country’s bond restructuring. The mischief that litigating holdout creditors can cause in Venezuela is considerably greater than Argentina ever faced. The trick will be in finding ways to discourage prospective holdouts from holding out and to defang the legal threat posed by those who persist in declining an offer to restructure.
Even if the holdout creditor threat can be defused, there are a number of other thorny issues to be addressed in a restructuring of Venezuela’s public debt. What can be done with the non-debt claims such as the ICSID arbitration awards or blocked Bolivar deposits? What treatment will be given to bonds placed in the market at a very heavy original issue discount or warehoused with a state-owned entity and then purportedly resold in a secondary market transaction at a large discount? What weight, if any, should be given to the assertion that some transactions were undertaken in the absence of local legislative approval? Let us hope that the analogy to Napoleon’s Russian adventure in 1812 will stop at the size of the undertaking and will not extend to its outcome."
Ultima modifica:
tommy271
Forumer storico
Certamente, sono la stragrande maggioranza.
Comprano ai minimi ed escono ai max.
Ogni tradata è un gain, beati loro.
Ieri ho letto solo FMRaoro che ha postato in diretta.
GiveMeLeverage
& I will remove the world
fatto con size molto limitata
inoltre ieri non mi ha preso un ordine in area 18 inserito con troppo poco tempismo e quindi anche come prezzi non posso dire di aver fatto chissà che colpaccio
