Señales positivas del decreto y otras que “disparan alarmas”
[FONT="] Existe la percepción de que podría darse una flexibilización del control cambiario. Hay reticencia ante la posibilidad de que se expropien empresas que se encuentran operativa
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21-01-2016 03:22:53 p.m. | José Gregorio Yépez .- El decreto de emergencia económica que envió el Ejecutivo al Parlamento
tiene diversas lecturas en los organismos multilaterales, ya que existen señales que son consideradas positivas, pero otras que disparan las alarmas.
Para enfrentar la complicada coyuntura, el Gobierno escogió la vía de un Estado de Emergencia Económica.
Los técnicos consultados refieren que la parte
medular del decreto de emergencia se concentra en cuatro aspectos enumerados en el Artículo 2, donde indican que hay señales encontradas.
Lo positivo
Lo previsto en el cuarto punto del Artículo 2, donde se pide la dispensa de
“las modalidades y requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar compras del Estado…”, y la petición hecha en el quinto aspecto de este mismo artículo, en la cual se solicita prescindir “de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancía cumpliendo con los requerimientos fitosanitarios pertinentes”, son vistas como acciones de urgencia pertinentes.
Los consultados afirman que por esta vía se le daría
celeridad a los procedimientos para concretar compras y negociaciones de empresas públicas y privadas con la finalidad de elevar los niveles de abastecimiento.
Agregan que una de las mayores quejas de las compañías transnacionales con operaciones en Venezuela y de las propias empresas locales es el gran cúmulo de trámites y permisología.
Estos procesos burocráticos,
ralentizan la llegada de mercancía y, por otro lado, elevan los costos de las operaciones de las empresas que deben destinar recursos humanos y financieros para resolver este tipo de exigencias
Advierten que deben
destinarse procedimientos de control posterior en función de cerrar las brechas a irregularidades.
Otro aspecto que es bien visto es la solicitud de “dispensar los trámites cambiarios establecidos por Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior) y por el Banco Central de Venezuela (BCV), a órganos y entes del sector público o privado a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional…”
Este enunciado es percibido como una ventana hacia la flexibilización del control cambiario en el corto plazo. Esto dependerá del éxito de la eventual puesta en práctica de esta medida.
Los analistas consultados señalan que resulta importante que el decreto indique que la dispensa sería para “entes del sector público y privado”, lo que le daría amplitud a la norma.
Esta “señal” le da credibilidad al enunciado del decreto, en el cual se afirma que se busca “adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera...”.
Lo inquietante
Sin embargo, existen señalamientos que generan
reservas a los ojos de los técnicos de los organismos multilaterales y de los empresarios locales y que ponen plomo en el ala al decreto emitido por el Ejecutivo.
El texto establece: “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o de bienes esenciales…”, para garantizar la satisfacción de necesidades básicas de los venezolanos y las venezolanas”.
Y más adelante indica que “el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales, jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancía que resulte necesario para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos, así como a otros bienes de primera necesidad”.
Esto es interpretado como una
puerta hacia un proceso de estatización de las empresas privadas que en estos momentos se encuentran operativas. Ante tal argumento, el ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, salió al paso, indicando que el Gobierno no tiene intenciones de expropiar empresas apoyándose en este decreto; sin embargo, los técnicos de los entes multilaterales afirman que esto “mete ruido” frente a los agentes económicos tanto internos como externos.
Asimismo, perciben que esta parte del decreto hace poco viable que las
fuerzas mayoritarias representadas en el Parlamento le den visto bueno a una disposición que contenga un enunciado de este tipo.
La recomendación que hacen es el
establecimiento de puentes entre los factores políticos de Gobierno y oposición. Saludan la conformación con amplitud del Consejo Nacional de Economía Productiva y la apertura con la cual se estableció en AN un equipo para estudiar el decreto.
Necesaria negociación
El Poder Legislativo no tiene la facultad de modificar el decreto entregado por el presidente de la República, por lo tanto sólo puede aprobarlo o negarlo.
Los mensajes que, hasta ahora, se han visto en la AN asoman la posibilidad de una negociación que estaría apuntando a sugerencias que haría el Parlamento. Políticamente sería muy costoso tanto para el Gobierno como para la oposición jugar a trancar el juego, de cara a la complicada situación económica.
El presidente de AN, Henry Ramos Allup, dijo que no emitiría juicios sobre el decreto, y hoy los ministros visitan el Palacio Legislativo. Estas acciones pueden leerse como una posibilidad de abrir una brecha hacia un entendimiento que, necesariamente, implicaría un nuevo decreto que acogiera las sugerencias de la AN.
La comisión que estudia el decreto llamó a distintos actores de la sociedad que emitieron sus opiniones frente a la petición del Ejecutivo.
El juego todavía no termina.
