Salarios: la subestimada variable clave de la economía venezolana
9 enero, 2017 Luis Salas
El que los expertos no sean capaces de ver algo no significa que ese algo no exista. La demostración empírica de eso la estamos viendo con el caso del mesenterio,
el “recién descubierto” órgano del cuerpo humano. Y lo ponemos entre comillas pues si bien es la última novedad de la anatomía humana, ya Leonardo da Vinci lo había mencionado. Es decir, pasó al menos 500 años desapercibido a los ojos de los expertos, aunque siempre estuvo allí, o peor aún, ninguneado como un simple pliegue que une la pared abdominal con el intestino
Algo similar puede decirse del salario a los ojos de los economistas convencionales. Siempre ha estado allí, al menos desde que el capitalismo es capitalismo. Pero su vital importancia para el funcionamiento de la economía es ignorada por quienes suelen privilegiar las ganancias y las rentas (beneficios del capital) por encima del mismo, ninguneándolo como un “costo” que se debe disminuir.
Habrá que esperar se avance en nuevos estudios para determinar qué dramas se causaron o pudieron haberse evitado, si la orgullosa medicina moderna hubiera sabido darle al mesenterio su verdadero estatus. Pero sobre los desastres causados por los economistas convencionales y empresarios/comerciantes al ningunear el salario sí existen amplios registros, tanto en el mundo como en nuestro país, siendo el que actualmente estamos viviendo el más reciente de todos.
El costo de considerar costo al salario: el aniquilamiento del mercado interno
En un artículo publicado en este mismo portal, el analista José Gregorio Piña demuestra que históricamente en nuestro país, los lapsos en los cuales el Ingreso Mínimo se incrementa y mantiene por encima del crecimiento del IPC, son aquellos de crecimiento real significativo de la economía, medido por el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB). Y al contrario, la pendiente de incremento del PIB se aplana cuando se observan las caídas del poder adquisitivo real y, recíprocamente, aumenta la pendiente de incremento del IPC (INPC desde 2008).
De lo que se desprende que cuando a los asalariados y asalariadas de nuestro país les va mejor (es decir, cuando disminuye el desempleo, aumenta el empleo formal y mejoran las remuneraciones, tal y como ocurrió durante la década ganada de 2003 y principios de 2013), a la economía como un todo le va mejor. Y a la inversa, cuando a los asalariados y asalariadas de nuestro país les va mal, (bien porque aumenta el desempleo y la informalidad del mismo y/o porque se disparan los precios), a la economía como un todo le va mal, incluyendo a los empresarios y comerciantes, que al disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores, ven caer sus ventas y por tanto sus ganancias.
Y esto es justamente lo que demostramos en un estudio hecho a varias manos bajo la coordinación del equipo editorial de
15 y Último y el Centro de Estudios de Economía Política de la UBV, a publicarse en los próximos días bajo el título
2016: el año del sincericidio.
Veamos algunos datos preliminares del mismo. A comienzos del año 2013, para una familia promedio de cuatro (4) personas, el costo representado por el precio mensual de la Canasta Básica Alimentaria equivalía a cerca de un 13% de su ingreso mensual, tomando como referencia el Ingreso Mínimo Legal Familiar (salario mínimo nominal + beneficio de alimentación de dos adultos perceptores de ingreso). Para estas mismas fechas, y tras toda la campaña de desacato de precios contemplada en el ajuste de facto efectuado por los comerciantes y empresarios con el propósito de “sincerar” la economía, tomando como referencia los precios levantados por el mencionado estudio en establecimientos privados de los municipios Libertador y Sucre de Caracas (lo que no incluye precios CLAP ni Red Pública, pero tampoco bachaqueros ni demás vendedores ambulantes), esa misma familia, suponiendo consuma las mismas cantidades de alimentos por persona, necesitaría un ingreso familiar mensual 25% superior al actual.
Este simple dato, que metodológicamente en cuanto al tamaño de la muestra no calza para considerarse un representativo real del consumo de la familia venezolana, pero sí expresa cuál es su tendencia, nos indica varias cosas: en primer lugar, que en la gran mayoría de los hogares opera actualmente una profunda recomposición de su consumo, en la medida que las cantidades de alimentos consumidas forzosamente se han visto afectadas no solo por la no disponibilidad física de algunos, sino también por el elevado precio de lo disponible. Lo que implica que al subir la participación del gasto en alimentos, necesaria y lógicamente, disminuye el que se realizaba en otros rubros, particularmente los menos sensibles o más fácilmente prescindibles, como por ejemplo: textil y calzado o recreación. De tal suerte, y esto es lo tercero, es fácilmente demostrable que la hiperespeculación observada en los últimos años se ha convertido en el principal factor recesivo de la economía y no al revés: es decir, no se disparan los precios porque estamos en recesión, entramos en recesión y nos cuesta salir de ella principal y fundamentalmente por el nivel hiperespeculativo de precios.
Un dato que sirve para considerar lo anterior en mejor perspectiva y nos aclara lo último, es que en el caso de los productos cuyos precios están regulados y contemplados dentro de la mencionada canasta (12 de los 20), entre diciembre de 2012 y el 15 de diciembre de 2016, el ajuste de precio autorizado por el gobierno y publicado en gacetas oficiales ha sido de un 543%. No obstante, esos mismos productos, a los precios que en promedio encuentra el público en las redes privadas formales de abastecimiento, han sufrido un ajuste vía desacato –no decretado por el gobierno– (en el mismo lapso) de un astronómico 19.160%.
Un ejemplo paradigmático de lo anterior es la harina de maíz. A finales de 2012 tenía un precio de Bs. 6 el kilogramo. A principios de 2016 ya se ubicaba en Bs. 19. En marzo del mismo año se autorizó un aumento a Bs. 190, mil por ciento más, con lo cual, en comparación con 2012, se colocaba el kilogramo 3.104% por encima en precio. Pero a finales de 2016 se autorizó un nuevo aumento a Bs. 639, lo que supone que en el lapso contemplado sufrió un ajuste por la vía oficial de 10.550%, bastante más que la inflación registrada en el mismo período.
Sin embargo, al parecer no fue suficiente, pues en diciembre pasado por obra y gracia de los dueños de los establecimientos privados de la ciudad de Caracas, el kilo en promedio costaba Bs. 2.000, esto es 33.233% más que hace cuatro años atrás.
Ahora, lo cierto del caso es que como todas y todos las venezolanas y venezolanos somos testigos, esta serie de aumentos oficiales o extraoficiales no se han traducido en un aumento de la disponibilidad de la harina de maíz (de hecho, ha sido justo lo contrario: ahora se consigue menos). Pero en lo que sí se han traducido es en un aniquilamiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y por esa vía
del más importante avance en materia económica logrado en la última década, como la conformación de un mercado interno dinamizado por la democratización del consumo. Y este aniquilamiento ya no solo afecta a los consumidores cuyo poder adquisitivo depende de su salario, al causar una violenta transferencia regresiva de ingresos desde estos hacia las ganancias y rentas de capital, sino que también ahora y cada vez más está afectando a los empresarios y comerciantes, de manera muy especial a los pequeños y medianos menos concentrados y sin posición dominante en las áreas claves de la producción y/o comercialización de bienes y servicios, dado lo cual acaban siendo víctimas de sus “hermanos de clase” monopólicos y oligopólicos, que sí lo están y mucho, y por tanto terminan desplazándolos.
Recuperar el mercado interno no es solo un problema de mayor producción y disponibilidad de bienes
El sentido común neoliberal que habita en la mayoría de las mentes de los analistas asegura que la recuperación de la economía pasa por recuperar la producción. Sin embargo, dicho “razonamiento” choca con la realidad olímpicamente ignorada de que no existe aumento de producción posible para un mercado sin poder adquisitivo. Lo que no deja de ser asombroso, pues esos mismos “analistas” son los que nos ilustran a toda hora con aquello de que los empresarios no producen a pérdida, es decir, si los precios regulados no les garantizan tasa de retorno. Pues bien, si esto es así: ¿no es más lógico aún que no van a producir productos adicionales para un mercado donde saben que no podrán colocarlos, pues la demanda está deprimida?
En un mercado como el nuestro actualmente, donde a la gran mayoría le alcanza apenas para comprar comida y pagar servicios, suponiendo que en una exhibición histórica de altruismo y sentido patrio los empresarios privados se pongan a producir y los comerciantes a vender mejorándose el abastecimiento, lo que puede ocurrir es que derivemos a una situación de anaqueles llenos, pero de productos que nadie pueda comprar, como de por sí ya pasa con algunos rubros, lo cual nos dejaría en una situación al menos tan mala como la que tenemos ahorita, no solo económica, sino también política. Y es que la disponibilidad de un bien no solo pasa porque esté en el anaquel, sino porque sea accesible a la población en la medida en que la relación precio-salario se lo permita.
En ese sentido, el aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro este domingo 8 de enero de 2017 se justifica sobremanera, pues apunta en la dirección de aumentar el poder adquisitivo para procurar el combustible necesario para que los famosos motores prendan y activen la economía. Sin embargo, la experiencia última nos demuestra ampliamente que sin medidas complementarias en materia de
control de precios y de
disponibilidad real de productos el mismo se diluirá rápidamente por la vía de la especulación en un escenario con una fuerte inercia especulativa. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que el aumento se produjo antes de la reunión con los empresarios, así como de posibles anuncios en materia cambiaria, por lo que muy probablemente estos soliciten nuevos ajustes de precios,
como ya lo ha anunciado el presidente de FEDEINDUSTRIA insistiendo en el mismo error que está ahogando por la vía del sub consumo al gremio que dice representar.
Como se ha planteado en anteriores ocasiones, para salir de manera justa y equitativa del
escenario de puja distributiva que vivimos, además de un Estado lo suficientemente hábil con voluntad de colocarse del lado de la mayoría asalariada (que lo tenemos), pero con suficiente habilidad como para imponer reglas de juego claras y respetadas por todos los actores (que no siempre), se requiere hacer entender a los comerciantes y empresarios pequeños y medianos que al conspirar contra los asalariados-consumidores, terminan conspirando económicamente contra sí mismos, pues no solo está claro que la carrera especulativa en la cual se involucran finalmente la van a perder frente a los oligopolios y monopolios, sino que al correr contra el salario y ayudar a deprimirlo están deprimiendo la fuente sobre la cual se sostiene su actividad, en la medida en que sus bienes y servicios solo se pueden vender si hay salarios que puedan comprarlos. Pero lo que la mentalidad de pulpero que habita en muchos de ellos no les permite ver es precisamente eso: que pagar salarios pobres y “baratos” termina resultándoles más caro que pagar buenos salarios, que lo que se “ahorran” abaratando la mano de obra o subiendo los precios, lo padecen deprimiendo el consumo.
De lo que se desprende finalmente que para salir de una vez de esta situación urge avanzar más agresivamente en la democratización de la producción y la distribución con nuevos actores y sujetos productivos que tengan relaciones de producción distintas a las actualmente dominantes, que es lo único que en el mediano y largo plazo garantiza el equilibrio de la economía venezolana, no solo porque se diversifican las fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, sino además porque a través de dicha diversificación se hace contrapeso a los monopolios, oligopolios y especuladores con poder de fijación de precios en el mercado nacional.