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Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1
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tommy271
Forumer storico
Crystallex, PDVSA y CITGO, por José Toro Hardy
Por José Toro Hardy
Fecha: 30/03/2017
Una corte federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.400 millones de dólares contra Venezuela a favor de Crystallex por la expropiación de sus operaciones mineras en Venezuela. Crystallex puede ahora exigir que se haga cumplir la sentencia del CIADI contra los activos de Venezuela en los Estados Unidos.
¡Dios santo! ¿Hasta dónde podrá llegar el daño que esta locura populista le puede causar a Venezuela? ¿Será que ahora iremos a perder CITGO?
Volvamos algunas páginas hacia atrás para entender lo que está ocurriendo. Las Cristinas -con sus 31 millones de onzas de reservas- se dice que es la mina de oro más grande de Latinoamérica.
A finales de los 90 la concesión de Las Cristinas le fue concedida a otra empresa canadiense, Placer Dome, que para el desarrollo del proyecto creó Minera Las Cristinas, CA (MINCA).
Posteriormente, Placer Dome vendió su participación en MINCA, en una operación que el estado venezolano no reconoció. En 2002, el presidente Chávez anuló los derechos de MINCA sobre Las Cristinas y le otorgó la concesión a Crystallex. Posteriormente Chávez la nacionaliza alegando que: “Esos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales”.
Se inicia así un tortuoso proceso de arbitraje ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) que concluye con la decisión citada al principio de una Corte Federal de Washington que permitiría a Crystallex apoderarse de los activos del estado venezolano en los EEUU, incluyendo PDV Holding y su subsidiaria Citgo.
El caso se complica porque recientemente el 100% de las acciones de CITGO fueron gravadas: 51,1% para garantizar el pago de los bonos de PDVSA cuyo vencimiento se renegoció para el año 2020 y 49,9% en garantía por un préstamo por $ 1.500 millones otorgado por la empresa rusa Rofsnet. PDVSA ha sido incluso acusada de haberse insolventado fraudulentamente afectando los derechos de otros acreedores como es el caso de Crystallex.
¿Qué significa esto para Venezuela?
Comencemos por afirmar que CITGO es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Disponía de 8 refinerías en el país norteño con capacidad para refinar 1,8 millones de barriles diarios, así como de 66 terminales, participación en oleoductos que atravesaban a los EEUU de sur a norte y 15.250 estaciones de servicio abanderadas con la marca CITGO. Esos activos, en conjunto, nos permitían el raro privilegio de poder llevar los crudos venezolanos desde nuestros propios yacimientos hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Gracias a esa perfecta integración vertical habíamos llegado a controlar el 10% del mercado de gasolina más grande del mundo que es el de los EEUU.
Sin embargo, desde su inicio, el actual régimen fue debilitando esa posición. De los 1,8 millones de barriles diarios que exportábamos a los EEUU hoy enviamos unos 750.000 b/d. Nos hemos desprendido de los oleoductos y de varias refinerías. Nuestro potencial de refinación cayó también a la mitad y de las 15.250 estaciones de servicio quedan menos de 6.000. Aún así, ese país sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones petroleras y, por cierto, de los pocos que aún nos paga en efectivo.
Pero la situación es mucho más grave de lo que parece. Nuevos acontecimientos amenazan al petróleo venezolano. El primero es la autorización para la construcción de oleoductos que llevarán el petróleo canadiense hasta el Golfo de México desplazando nuestros crudos. Pero, más grave aún, la conjunción de tres factores podrían hacer que nuestros crudos dejen de ser competitivos en el mercado americano: a) el rápido desarrollo de la producción petrolera de lutitas en los EEUU gracias al “fracking”, b) el marcado y constante abaratamiento de los costos de producción con esa tecnología y c) las ventajas fiscales que se anuncian para la producción de petróleo de lutitas.
Ahora bien, mientras seamos los propietarios de CITGO, nada podía impedir que esta empresa tomase la decisión de abastecerse con crudos de su casa matriz, PDVSA.
Me explico: En cualquier otra empresa pudiera ocurrir que alguno de sus accionistas objetase la compra de petróleo en condiciones menos ventajosas afectando los intereses de sus accionistas. Pero como el único accionista de CITGO es PDVSA, en nuestro caso ese riesgo no estaría planteado.
Pero la situación ha cambiado. Debido a la manía expropiadora del régimen venezolano, es la propiedad de CITGO la que ahora está en riesgo. Tenemos numerosos arbitrajes pendientes en el CIADI, muchos de los cuales ya hemos perdido y otros -como en el caso de Conoco Phillips- que están por decidirse.
Cada arbitraje perdido pone en riesgo la propiedad de nuestras instalaciones en el exterior y, particularmente, la propiedad de CITGO que como hemos visto tiene una importancia estratégica fundamental para Venezuela.
En esta situación hemos caído como consecuencia de la llegada al poder de unos advenedizos dogmáticos que creyeron que con El Capital de Marx bajo el brazo podían hace y deshacer como les viniera en gana con el destino de Venezuela.
Ahora la situación adquiere proporciones realmente graves. Si algún consejo se me permite, yo le recomendaría a estos señores que a la mayor brevedad llamen a Crystallex, a Conoco Phillips y a las demás empresas con reclamaciones pendientes ante el CIADI y se sienten a negociar directamente con ellos. Que les ofrezcan reponerles los derechos que fueron afectados en estos años de locura, y que se establezcan las condiciones requeridas para que retomen las inversiones que con tanta urgencia se requieren para ayudar a Venezuela a salir de esta pavorosa crisis en que han sumido al país sin ninguna necesidad.
@josetorohardy
[email protected]
Por José Toro Hardy
Fecha: 30/03/2017
Una corte federal en Washington DC confirmó y registró la adjudicación de 1.400 millones de dólares contra Venezuela a favor de Crystallex por la expropiación de sus operaciones mineras en Venezuela. Crystallex puede ahora exigir que se haga cumplir la sentencia del CIADI contra los activos de Venezuela en los Estados Unidos.
¡Dios santo! ¿Hasta dónde podrá llegar el daño que esta locura populista le puede causar a Venezuela? ¿Será que ahora iremos a perder CITGO?
Volvamos algunas páginas hacia atrás para entender lo que está ocurriendo. Las Cristinas -con sus 31 millones de onzas de reservas- se dice que es la mina de oro más grande de Latinoamérica.
A finales de los 90 la concesión de Las Cristinas le fue concedida a otra empresa canadiense, Placer Dome, que para el desarrollo del proyecto creó Minera Las Cristinas, CA (MINCA).
Posteriormente, Placer Dome vendió su participación en MINCA, en una operación que el estado venezolano no reconoció. En 2002, el presidente Chávez anuló los derechos de MINCA sobre Las Cristinas y le otorgó la concesión a Crystallex. Posteriormente Chávez la nacionaliza alegando que: “Esos minerales son para los venezolanos, no para las transnacionales”.
Se inicia así un tortuoso proceso de arbitraje ante el CIADI (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) que concluye con la decisión citada al principio de una Corte Federal de Washington que permitiría a Crystallex apoderarse de los activos del estado venezolano en los EEUU, incluyendo PDV Holding y su subsidiaria Citgo.
El caso se complica porque recientemente el 100% de las acciones de CITGO fueron gravadas: 51,1% para garantizar el pago de los bonos de PDVSA cuyo vencimiento se renegoció para el año 2020 y 49,9% en garantía por un préstamo por $ 1.500 millones otorgado por la empresa rusa Rofsnet. PDVSA ha sido incluso acusada de haberse insolventado fraudulentamente afectando los derechos de otros acreedores como es el caso de Crystallex.
¿Qué significa esto para Venezuela?
Comencemos por afirmar que CITGO es el principal brazo comercializador del petróleo venezolano. Disponía de 8 refinerías en el país norteño con capacidad para refinar 1,8 millones de barriles diarios, así como de 66 terminales, participación en oleoductos que atravesaban a los EEUU de sur a norte y 15.250 estaciones de servicio abanderadas con la marca CITGO. Esos activos, en conjunto, nos permitían el raro privilegio de poder llevar los crudos venezolanos desde nuestros propios yacimientos hasta el tanque de gasolina de los automovilistas americanos pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Gracias a esa perfecta integración vertical habíamos llegado a controlar el 10% del mercado de gasolina más grande del mundo que es el de los EEUU.
Sin embargo, desde su inicio, el actual régimen fue debilitando esa posición. De los 1,8 millones de barriles diarios que exportábamos a los EEUU hoy enviamos unos 750.000 b/d. Nos hemos desprendido de los oleoductos y de varias refinerías. Nuestro potencial de refinación cayó también a la mitad y de las 15.250 estaciones de servicio quedan menos de 6.000. Aún así, ese país sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones petroleras y, por cierto, de los pocos que aún nos paga en efectivo.
Pero la situación es mucho más grave de lo que parece. Nuevos acontecimientos amenazan al petróleo venezolano. El primero es la autorización para la construcción de oleoductos que llevarán el petróleo canadiense hasta el Golfo de México desplazando nuestros crudos. Pero, más grave aún, la conjunción de tres factores podrían hacer que nuestros crudos dejen de ser competitivos en el mercado americano: a) el rápido desarrollo de la producción petrolera de lutitas en los EEUU gracias al “fracking”, b) el marcado y constante abaratamiento de los costos de producción con esa tecnología y c) las ventajas fiscales que se anuncian para la producción de petróleo de lutitas.
Ahora bien, mientras seamos los propietarios de CITGO, nada podía impedir que esta empresa tomase la decisión de abastecerse con crudos de su casa matriz, PDVSA.
Me explico: En cualquier otra empresa pudiera ocurrir que alguno de sus accionistas objetase la compra de petróleo en condiciones menos ventajosas afectando los intereses de sus accionistas. Pero como el único accionista de CITGO es PDVSA, en nuestro caso ese riesgo no estaría planteado.
Pero la situación ha cambiado. Debido a la manía expropiadora del régimen venezolano, es la propiedad de CITGO la que ahora está en riesgo. Tenemos numerosos arbitrajes pendientes en el CIADI, muchos de los cuales ya hemos perdido y otros -como en el caso de Conoco Phillips- que están por decidirse.
Cada arbitraje perdido pone en riesgo la propiedad de nuestras instalaciones en el exterior y, particularmente, la propiedad de CITGO que como hemos visto tiene una importancia estratégica fundamental para Venezuela.
En esta situación hemos caído como consecuencia de la llegada al poder de unos advenedizos dogmáticos que creyeron que con El Capital de Marx bajo el brazo podían hace y deshacer como les viniera en gana con el destino de Venezuela.
Ahora la situación adquiere proporciones realmente graves. Si algún consejo se me permite, yo le recomendaría a estos señores que a la mayor brevedad llamen a Crystallex, a Conoco Phillips y a las demás empresas con reclamaciones pendientes ante el CIADI y se sienten a negociar directamente con ellos. Que les ofrezcan reponerles los derechos que fueron afectados en estos años de locura, y que se establezcan las condiciones requeridas para que retomen las inversiones que con tanta urgencia se requieren para ayudar a Venezuela a salir de esta pavorosa crisis en que han sumido al país sin ninguna necesidad.
@josetorohardy
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tommy271
Forumer storico
Gobierno busca recursos con control absoluto de empresas mixtas
Aseguran que muchos inversionistas serán cautelosos para hacer nuevas operaciones, por temor a que ante un cambio de gobierno no se reconozcan las negociaciones
Vedi l'allegato upload_2017-3-31_8-32-59.gif
Por MARÍA FERNANDA SOJO
31 de marzo de 2017 12:01 AM
La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, difundida el miércoles en la noche, le da facultad al Ejecutivo para constituir empresas petroleras mixtas y modificarlas sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, en una nueva demostración de la urgencia de liquidez que tiene el gobierno central.
La Sala respondió a un recurso interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo que pedía que se interpretara una vez más el artículo 187 de la Constitución, en concatenación con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que daba varios poderes al Parlamento, por considerar que este está en desacato.
“Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones”, establece la sentencia.
Economistas recordaron que Pdvsa ha estado intentando hacer nuevas operaciones en las empresas mixtas, para obtener recursos y honrar sus compromisos, pero no ha contado con el aval de la Asamblea Nacional, que ha denunciado la desviación de los recursos de la empresa.
Recientemente se pudo conocer que la estatal ofreció a la petrolera rusa Rosneft 10% de las acciones en la empresa mixta Petropiar, integrada por un campo de crudo extrapesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles por día, en la que Pdvsa tiene 70% de participación y Chevron, el resto.
Poco después de conocerse la noticia, José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, reiteró que todo acuerdo de interés nacional debía ser aprobado por el Parlamento y agregó que si la venta procedía, sería nula.
Orlando Ochoa, economista y profesor universitario, insistió en que con la sentencia del TSJ, además de las implicaciones políticas, el gobierno busca concretar acciones como la propuesta a Rosneft. “La sentencia lo que pretende es darle validez a las maniobras financieras desesperadas que ha estado intentando hacer el Ejecutivo, por la urgencia de divisas. Porque el precio del petróleo no ha subido lo suficiente y el volumen de producción está cayendo”.
El especialista dijo que una de las cosas que más preocupa es que el gobierno, en su intención de obtener divisas rápidamente venda acciones de las empresas a precios muy por debajo de su valor real, o que en las operaciones se comprometa aún más a Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, que ya ha sido usada como garantía.
Poco atractivo.
Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, aseguró que aun cuando la sentencia del TSJ permite al Ejecutivo crear empresas mixtas con firmas o Estados extranjeros, sin la autorización del Parlamento, seguirá siendo difícil para el gobierno concretar nuevas negociaciones.
“Los mercados financieros entienden que de acuerdo con la ley local, interpretada por el TSJ, estas operaciones son legales. Pero les preocupa que si hay un cambio de régimen, el nuevo gobierno no las reconozca”.
Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica, criticó la legalidad de la sentencia y dijo que la confrontación entre los poderes Judicial y Ejecutivo, contra el Legislativo, deja muchas dudas en posibles inversionistas internacionales.
Coincidió en que en un cambio de gobierno, los inversionistas que hayan firmado contratos sin la participación de la AN podrán estar luego en una querella legal. “La estrategia de seguir hacia adelante con la radicalización hacia la AN no va a traer beneficios económicos”, advirtió.
Oficializan decretos
Ayer fueron publicados en la Gaceta Oficial número 41122 cuatro de los decretos con los que el gobierno pretende activar el Arco Minero, una de las apuestas para obtener recursos ante la caída de los ingresos petroleros.
Los primeros tres decretos declararon que el cobre, la plata y los diamantes son minerales estratégicos, mientras que el cuarto decreto transfiere a la empresa mixta Siembra Minera, el derecho de desarrollar directamente las actividades de exploración y explotación del oro, y demás minerales estratégicos.
Siembra Minera es una empresa mixta entre el Estado venezolano y la minera canadiense Gold Reserve, cuyo capital accionario lo domina Venezuela con 55%.
Se espera que salga otro decreto mediante el cual se establece el régimen impositivo en el Arco Minero del Orinoco, que comprende, entre otros puntos la rebaja del Impuesto sobre la Renta y la exoneración del IVA en importaciones.
Aseguran que muchos inversionistas serán cautelosos para hacer nuevas operaciones, por temor a que ante un cambio de gobierno no se reconozcan las negociaciones
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Por MARÍA FERNANDA SOJO
31 de marzo de 2017 12:01 AM
La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, difundida el miércoles en la noche, le da facultad al Ejecutivo para constituir empresas petroleras mixtas y modificarlas sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, en una nueva demostración de la urgencia de liquidez que tiene el gobierno central.
La Sala respondió a un recurso interpuesto por la Corporación Venezolana del Petróleo que pedía que se interpretara una vez más el artículo 187 de la Constitución, en concatenación con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que daba varios poderes al Parlamento, por considerar que este está en desacato.
“Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones”, establece la sentencia.
Economistas recordaron que Pdvsa ha estado intentando hacer nuevas operaciones en las empresas mixtas, para obtener recursos y honrar sus compromisos, pero no ha contado con el aval de la Asamblea Nacional, que ha denunciado la desviación de los recursos de la empresa.
Recientemente se pudo conocer que la estatal ofreció a la petrolera rusa Rosneft 10% de las acciones en la empresa mixta Petropiar, integrada por un campo de crudo extrapesado y un mejorador con capacidad de 210.000 barriles por día, en la que Pdvsa tiene 70% de participación y Chevron, el resto.
Poco después de conocerse la noticia, José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, reiteró que todo acuerdo de interés nacional debía ser aprobado por el Parlamento y agregó que si la venta procedía, sería nula.
Orlando Ochoa, economista y profesor universitario, insistió en que con la sentencia del TSJ, además de las implicaciones políticas, el gobierno busca concretar acciones como la propuesta a Rosneft. “La sentencia lo que pretende es darle validez a las maniobras financieras desesperadas que ha estado intentando hacer el Ejecutivo, por la urgencia de divisas. Porque el precio del petróleo no ha subido lo suficiente y el volumen de producción está cayendo”.
El especialista dijo que una de las cosas que más preocupa es que el gobierno, en su intención de obtener divisas rápidamente venda acciones de las empresas a precios muy por debajo de su valor real, o que en las operaciones se comprometa aún más a Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, que ya ha sido usada como garantía.
Poco atractivo.
Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, aseguró que aun cuando la sentencia del TSJ permite al Ejecutivo crear empresas mixtas con firmas o Estados extranjeros, sin la autorización del Parlamento, seguirá siendo difícil para el gobierno concretar nuevas negociaciones.
“Los mercados financieros entienden que de acuerdo con la ley local, interpretada por el TSJ, estas operaciones son legales. Pero les preocupa que si hay un cambio de régimen, el nuevo gobierno no las reconozca”.
Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica, criticó la legalidad de la sentencia y dijo que la confrontación entre los poderes Judicial y Ejecutivo, contra el Legislativo, deja muchas dudas en posibles inversionistas internacionales.
Coincidió en que en un cambio de gobierno, los inversionistas que hayan firmado contratos sin la participación de la AN podrán estar luego en una querella legal. “La estrategia de seguir hacia adelante con la radicalización hacia la AN no va a traer beneficios económicos”, advirtió.
Oficializan decretos
Ayer fueron publicados en la Gaceta Oficial número 41122 cuatro de los decretos con los que el gobierno pretende activar el Arco Minero, una de las apuestas para obtener recursos ante la caída de los ingresos petroleros.
Los primeros tres decretos declararon que el cobre, la plata y los diamantes son minerales estratégicos, mientras que el cuarto decreto transfiere a la empresa mixta Siembra Minera, el derecho de desarrollar directamente las actividades de exploración y explotación del oro, y demás minerales estratégicos.
Siembra Minera es una empresa mixta entre el Estado venezolano y la minera canadiense Gold Reserve, cuyo capital accionario lo domina Venezuela con 55%.
Se espera que salga otro decreto mediante el cual se establece el régimen impositivo en el Arco Minero del Orinoco, que comprende, entre otros puntos la rebaja del Impuesto sobre la Renta y la exoneración del IVA en importaciones.
tommy271
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¿Qué países se pronunciaron ante sentencia del TSJ?
La acción más radical la ejerció Perú al ordenar el retiro definitivo de su embajador en Venezuela. Otras naciones pidieron elecciones, diálogo y respeto a los principios democráticos
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Por Irelis Durand
31 de marzo de 2017 12:05 AM | Actualizado el 31 de marzo de 2017 00:14 AM
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumirá por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido a la situación de "desacato" que persiste en la Asamblea Nacional, refiere la sentencia 156 de la Sala Constitucional en la que se declara la “omisión inconstitucional parlamentaria”.
Se advierte "que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones del Parlamento", la Sala Constitucional garantizará que las competencias legislativas sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.
Luego de conocerse la sentencia, la respuesta internacional no se hizo esperar.
La reacción más firme la protagonizó Perú, que por medio de la Cancillería condenó la decisión de la máxima instancia judicial y frente a la gravedad de los hechos decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Venezuela, Mariano López Chávarry. El diplomático se encontraba en territorio peruano desde que fue llamado a consulta luego de que el mandatario Nicolás Maduro criticara al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Chile tomó la decisión de llamar a consulta a su embajador en el país, Pedro Ramírez Ceballos, de quien esperan que informe “sobre el agravamiento de la situación en Venezuela".
"El llamado a informar es una expresión de la máxima preocupación respecto de los hechos que están ocurriendo. Todos saben lo que significa el llamar a un embajador a informar, de modo que se pueden sacar las conclusiones que corresponden", indicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz.
La Cámara de Senadores de Bolivia pidió a José Alberto Gonzales, presidente del órgano legislativo, ordenar el retiro inmediato del embajador en Venezuela, Luis Trigo. Los diputados consideran que en el país se ha quebrantado el orden democrático. "Este atentado contra la democracia no ha pasado desapercibido ya que varios estados interamericanos han manifestado su repudio a este acto con tintes dictatoriales".
El gobierno de Evo Morales, quien viajó a Cuba para someterse a una cirugía que le extraerá una tumoración benigna en la laringe, no se ha pronunciado de manera oficial.
Elecciones y diálogo
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, condenó la decisión del TSJ de "usurpar los poderes de la Asamblea Nacional electa democráticamente". Hizo un llamado al gobierno venezolano a permitir que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones constitucionales.
Instó a que se llame a elecciones lo más pronto posible y reiteró la petición de Estados Unidos de que los presos políticos sean liberados.
El gobierno de Panamá expresó su profunda preocupación ante la medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la sentencia “agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela”.
“Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”, refirió un comunicado en el que solicitan que se retome el diálogo que permita que gobierno y oposición se entiendan.
La cancillería de Colombia evidenció su preocupación ante la medida, incluida, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados electos por el pueblo, así como el desconocimiento del Estado de Derecho.
Recordaron que el diálogo entre los venezolanos era algo por lo que apostaba el gobierno de Colombia, al igual que el cronograma electoral.
El gobierno de Canadá también manifestó su preocupación debido a la que la sentencia suspende “los poderes legislativos de la Asamblea Nacional democráticamente electa”.
Principios democráticos
Argentina reivindicó la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos, la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado en el que reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta Venezuela.
El gobierno de Brasil consideró que en el país se produjo una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo.
“El pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política del país”, refiere un comunicado de la Cancillería.
El canciller de México, Luis Videgaray, expresó que el gobierno de ese país está preocupado por lo que considera “un deterioro del orden democrático en Venezuela”.
A través de un comunicado, Guatemala reiteró su convicción de preservar "el Estado de Derecho, el apego a las normas constitucionales, la separación de poderes, la libre expresión del pensamiento y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, valores esenciales para conservar y consolidar una democracia representativa" en Venezuela.
El Congreso de Costa Rica indicó que la actuación del TSJ es uno de “los más graves atropellos al Estado de Derecho”, por tanto la Asamblea Legislativa condenó la “violación al régimen democrático” y repudió este acto que “se convierte en un golpe de Estado”.
La Unión Europea pidió un “calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros".
"Las recientes resoluciones (...) están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolana", refirió un comunicado de la UE.
Cautelosos
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo a que el Ejecutivo decidió esperar 24 horas antes de hacer una declaración, aunque afirmó que siguen con atención los hechos que ocurren en Venezuela.
Sin embargo, legisladores de los partidos de la oposición en Uruguay reclamaron al gobierno de Tabaré Vázquez que asuma una posición oficial respecto a la crisis que afecta a Venezuela.
Convocatoria urgente
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó la convocatoria urgente a un Consejo Permanente de la OEA, luego de denunciar un auto-golpe de Estado del gobierno contra el Parlamento.
Venezuela fue protagonista de dos reuniones extraordinarias del Consejo Permanente los días lunes 27 y martes 28, el primero a petición de la delegación venezolana y el segundo fue convocado por 18 países del bloque.
La acción más radical la ejerció Perú al ordenar el retiro definitivo de su embajador en Venezuela. Otras naciones pidieron elecciones, diálogo y respeto a los principios democráticos
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Por Irelis Durand
31 de marzo de 2017 12:05 AM | Actualizado el 31 de marzo de 2017 00:14 AM
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumirá por completo la responsabilidad de las competencias parlamentarias debido a la situación de "desacato" que persiste en la Asamblea Nacional, refiere la sentencia 156 de la Sala Constitucional en la que se declara la “omisión inconstitucional parlamentaria”.
Se advierte "que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones del Parlamento", la Sala Constitucional garantizará que las competencias legislativas sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.
Luego de conocerse la sentencia, la respuesta internacional no se hizo esperar.
La reacción más firme la protagonizó Perú, que por medio de la Cancillería condenó la decisión de la máxima instancia judicial y frente a la gravedad de los hechos decidió retirar de manera definitiva a su embajador en Venezuela, Mariano López Chávarry. El diplomático se encontraba en territorio peruano desde que fue llamado a consulta luego de que el mandatario Nicolás Maduro criticara al presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Chile tomó la decisión de llamar a consulta a su embajador en el país, Pedro Ramírez Ceballos, de quien esperan que informe “sobre el agravamiento de la situación en Venezuela".
"El llamado a informar es una expresión de la máxima preocupación respecto de los hechos que están ocurriendo. Todos saben lo que significa el llamar a un embajador a informar, de modo que se pueden sacar las conclusiones que corresponden", indicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz.
La Cámara de Senadores de Bolivia pidió a José Alberto Gonzales, presidente del órgano legislativo, ordenar el retiro inmediato del embajador en Venezuela, Luis Trigo. Los diputados consideran que en el país se ha quebrantado el orden democrático. "Este atentado contra la democracia no ha pasado desapercibido ya que varios estados interamericanos han manifestado su repudio a este acto con tintes dictatoriales".
El gobierno de Evo Morales, quien viajó a Cuba para someterse a una cirugía que le extraerá una tumoración benigna en la laringe, no se ha pronunciado de manera oficial.
Elecciones y diálogo
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, condenó la decisión del TSJ de "usurpar los poderes de la Asamblea Nacional electa democráticamente". Hizo un llamado al gobierno venezolano a permitir que la Asamblea Nacional ejerza sus funciones constitucionales.
Instó a que se llame a elecciones lo más pronto posible y reiteró la petición de Estados Unidos de que los presos políticos sean liberados.
El gobierno de Panamá expresó su profunda preocupación ante la medida. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la sentencia “agrava la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela”.
“Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”, refirió un comunicado en el que solicitan que se retome el diálogo que permita que gobierno y oposición se entiendan.
La cancillería de Colombia evidenció su preocupación ante la medida, incluida, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados electos por el pueblo, así como el desconocimiento del Estado de Derecho.
Recordaron que el diálogo entre los venezolanos era algo por lo que apostaba el gobierno de Colombia, al igual que el cronograma electoral.
El gobierno de Canadá también manifestó su preocupación debido a la que la sentencia suspende “los poderes legislativos de la Asamblea Nacional democráticamente electa”.
Principios democráticos
Argentina reivindicó la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de derecho y de los principios democráticos, entre ellos, la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitió un comunicado en el que reafirmó lo firmado junto con otros países suramericanos el pasado 23 de marzo, a la hora de reiterar que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta Venezuela.
El gobierno de Brasil consideró que en el país se produjo una ruptura constitucional y convocó a todas las partes a la ponderación y el diálogo.
“El pleno respeto al principio de la independencia de los poderes es esencial para la democracia. Las decisiones del TSJ violan ese principio y alimentan la radicalización política del país”, refiere un comunicado de la Cancillería.
El canciller de México, Luis Videgaray, expresó que el gobierno de ese país está preocupado por lo que considera “un deterioro del orden democrático en Venezuela”.
A través de un comunicado, Guatemala reiteró su convicción de preservar "el Estado de Derecho, el apego a las normas constitucionales, la separación de poderes, la libre expresión del pensamiento y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, valores esenciales para conservar y consolidar una democracia representativa" en Venezuela.
El Congreso de Costa Rica indicó que la actuación del TSJ es uno de “los más graves atropellos al Estado de Derecho”, por tanto la Asamblea Legislativa condenó la “violación al régimen democrático” y repudió este acto que “se convierte en un golpe de Estado”.
La Unión Europea pidió un “calendario electoral claro" en Venezuela y llamó a "respetar la Asamblea Nacional y a todos sus miembros".
"Las recientes resoluciones (...) están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolana", refirió un comunicado de la UE.
Cautelosos
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo a que el Ejecutivo decidió esperar 24 horas antes de hacer una declaración, aunque afirmó que siguen con atención los hechos que ocurren en Venezuela.
Sin embargo, legisladores de los partidos de la oposición en Uruguay reclamaron al gobierno de Tabaré Vázquez que asuma una posición oficial respecto a la crisis que afecta a Venezuela.
Convocatoria urgente
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, realizó la convocatoria urgente a un Consejo Permanente de la OEA, luego de denunciar un auto-golpe de Estado del gobierno contra el Parlamento.
Venezuela fue protagonista de dos reuniones extraordinarias del Consejo Permanente los días lunes 27 y martes 28, el primero a petición de la delegación venezolana y el segundo fue convocado por 18 países del bloque.
tommy271
Forumer storico
Parlamento Europeo apoya a la Asamblea Nacional y rechaza autogolpe en Venezuela
Mar 30, 2017 7:52 pm
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asume las funciones del Parlamento.
Nota de prensa
De tal manera Tajani mostró su solidaridad a los últimos acontecimientos ocurridos en el país, a la vez que anunció auto-golpe de Estado por el Gobierno de Venezuela. Asimismo recordó que la Asamblea Nacional es un poder totalmente legítimo, por lo cual puede llevar a cabo sus funciones para las cuales fue electo por el pueblo venezolano.
El titular del Europarlamento realizó dichas aseveraciones a través de su cuenta en la red social Twitter en donde expresa “@europarl_ES apoya la #AsambleaNacional, único poder ligitimado y denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen de Venezuela”.
Mar 30, 2017 7:52 pm
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani expresó su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual asume las funciones del Parlamento.
Nota de prensa
De tal manera Tajani mostró su solidaridad a los últimos acontecimientos ocurridos en el país, a la vez que anunció auto-golpe de Estado por el Gobierno de Venezuela. Asimismo recordó que la Asamblea Nacional es un poder totalmente legítimo, por lo cual puede llevar a cabo sus funciones para las cuales fue electo por el pueblo venezolano.
El titular del Europarlamento realizó dichas aseveraciones a través de su cuenta en la red social Twitter en donde expresa “@europarl_ES apoya la #AsambleaNacional, único poder ligitimado y denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen de Venezuela”.
tommy271
Forumer storico
EEUU: Corte Suprema venezolana socava enormemente las instituciones democráticas (Comunicado)
Mar 30, 2017 5:04 pm
El Departamento de Estado de EEUU se pronunció la tarde de este jueves a través de un comunicado publicado en su portal web en el que rechaza la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de conferir las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional a su Sala Constitucional.
“La Corte Suprema venezolana socava enormemente las instituciones democráticas”, cita un extracto del texto.
A continuación lea el comunicado completo suscrito por el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark C. Toner:
La decisión de la Corte Suprema venezolana socava enormemente las instituciones democráticas
Estados Unidos condena la decisión del 29 de marzo de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela.
Las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias. Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos. En lugar de descartar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana.
Mar 30, 2017 5:04 pm
El Departamento de Estado de EEUU se pronunció la tarde de este jueves a través de un comunicado publicado en su portal web en el que rechaza la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de conferir las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional a su Sala Constitucional.
“La Corte Suprema venezolana socava enormemente las instituciones democráticas”, cita un extracto del texto.
A continuación lea el comunicado completo suscrito por el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark C. Toner:
La decisión de la Corte Suprema venezolana socava enormemente las instituciones democráticas
Estados Unidos condena la decisión del 29 de marzo de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela.
Las democracias del Hemisferio Occidental, reunidas esta semana en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, pidieron a Venezuela que respete sus instituciones democráticas mientras busca una solución negociada a sus crisis políticas, económicas y humanitarias. Pedimos al gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos. En lugar de descartar las instituciones democráticas de Venezuela, el gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el diálogo de 2016, sus obligaciones con su propio pueblo y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana.
tommy271
Forumer storico
Alejandro Grisanti @agrisanti
Los Venezolanos elegimos a una Asamblea Nacional, no votamos por un Tribunal Supremo de Justicia
Los Venezolanos elegimos a una Asamblea Nacional, no votamos por un Tribunal Supremo de Justicia
tommy271
Forumer storico
Las reservas internacionales de #Venezuela aumentaron $27 millones ayer, ubicándose en $10.489 milones
- Stato