tommy271
Forumer storico
Asdrúbal Oliveros: Venezuela crisis económica
¿Qué nos trae el decreto de Emergencia Económica?
Infolatam
Caracas, 19 enero 2016
Por Asdrubal Oliveros
La semana pasada en aras de luchar en contra de la “guerra económica” el presidente Nicolás Maduro anunció el decreto de Emergencia Económica, el cual tiene como objetivo ejecutar “medidas urgentes de carácter extraordinario” para atender la economía.
Según el nuevo vicepresidente del área económica y ministro de economía productiva, Luis Salas, este decreto va a tratar de “mitigar los efectos de la inflación inducida, la especulación del valor ficticio de la divisa y el sabotaje a la distribución de bienes”. Sin embargo, al analizar el decreto es de notar que lo que se busca es darle al Gobierno poderes ilimitados para intervenir empresas, y blindarse contra la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN).
Más poder para el Estado
Este decreto le otorga al Estado amplias facultades en materia económica y además, aumenta la capacidad de intervención del Estado en cualquier sector de la economía; sin mayor objeción por parte de los otros Poderes públicos, especialmente el de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Por otro lado, este decreto también busca afianzar todos los esquemas de control que han provocado la situación de crisis que tenemos en este momento, tales como: mayor control estatal sobre las importaciones, fijación de precios, intervención de empresas, manejo discrecional de recursos, distribución de alimentos y otros bienes considerados de primera necesidad.
Otro aspecto bastante controversial del decreto es darle la potestad al Estado de regular la cantidad de bolívares que circularan en la economía en aras de preservar el valor de la moneda, sin embargo, el decreto no precisa los mecanismos que se pondrían en marcha para limitar el acceso a los bolívares. Es bastante grave que el Gobierno considere que restringiendo la liquidez en la dinámica económica se puede minimizar la actual crisis, además, es contradictorio a lo que expone el vicepresidente de economía, Luis Salas en sus escritos puesto que para este la inflación es un fenómeno ajeno a la expansión monetaria. Es probable que el decreto establezca restricciones al uso del efectivo para intentar frenar la reventa de productos (conocido coloquialmente como “bachaqueo”).
Un punto clave: el frente fiscal
En materia fiscal el decreto le daría la potestad al Gobierno de fiscalizar las empresas sin mayor dificultad y sin previo aviso y aumentar las cargas fiscales tanto a personas jurídicas como naturales. Asimismo, se le daría potestad al Gobierno de manejar los fondos presupuestarios con mayor discrecionalidad y expropiar empresas para “garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”.
Sobre este punto es importante destacar que la continua expansión del gasto ha traído como consecuencia la también expansión del déficit del sector público restringido (SPR). En 2015 esta situación continuó en vista de la caída de los ingresos fiscales, por la disminución del precio de la cesta petrolera local y la falta de ajustes cambiarios. Para el cierre de 2015, en Ecoanalítica estimamos que el déficit del SPR se ubique en torno a 20,2% del PIB.
En 2014 las cifras fiscales se vieron mermadas por la resaca de años electorales y la caída en los precios de petróleo. En 2015, aparte de precios de petróleo bajos, las cifras fiscales fueron incapaces de seguirle el ritmo en la inflación y la inactividad del Gobierno. En 2016, si bien estas distorsiones seguirán afectando las cuentas nacionales, una devaluación de la moneda podría ayudar a sopesar dichos efectos.
Según nuestras estimaciones, la devaluación en 2016 generará ingresos por el orden de 2,5 puntos del PIB, haciendo que el déficit fiscal del SPR se ubique en 12,3% (aquí también se incluye el ligero aumento en los precios del petróleo). De esta forma la capacidad de resolver el déficit público vía impuestos es bastante limitado.
Más que un decreto, necesitamos generar confianza
Este tipo de medidas no generan la confianza que el sector productivo necesita para incentivar la inversión y no buscan eliminar o por lo menos minimizar los cuellos de botella que no me permiten que este sector avance. Si bien es cierto que en el decreto se dice que se busca disminuir la burocracia alrededor de las importaciones y exportaciones de bienes no tradicionales, no sería la primera vez que el Gobierno ejecuta medidas para atacar este problema, sin lograr los resultados deseados.
Se necesita más que un simple decreto
Más que una serie de medidas económicas improvisadas que buscan afianzar el control del Estado en todos los sectores de la economía, el país necesita medidas de ajustes estructurales que devuelvan la confianza en el sector productivo y eliminen o minimicen las distorsiones generadas por años de subsidios ineficientes y controles de precios.
Asimismo, es necesario que se reconstruya el marco institucional en el cual se desenvuelve la dinámica país, más que leyes que afiancen la discrecionalidad del poder Ejecutivo se necesitan leyes que realicen la autonomía entre poderes e instituciones (caso Banco Central de Venezuela) (BCV).
La discusión que queda del decreto no es económica sino política, pues dos poderes deberán dar el visto bueno: la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es obvio que este decreto no busca solventar la crisis pues no ataca los problemas de fondos sino busca afianzar los controles que generaron el actual modelo. Un Decreto de ese tipo, sobre todo para la situación en la que se encuentra la economía venezolana, debe precisar mucho más los alcances de las medidas que el Ejecutivo quiere tomar.
La data publicada el viernes por el BCV refleja que el Gobierno está perdiendo, y por mucho la tan difamada “guerra económica”. Un concepto de locura se basa en hacer lo mismo esperando diferentes resultados, desde hace tiempo el Gobierno sigue apostando por el mismo modelo caducado. Venezuela necesita medidas económicas serias que busquen el bienestar económico y no incrementar el poder político.
5 puntos clave para superar la crisis
En Venezuela se tienen que tomar medidas en 5 frentes inmediatos. Primero, simplificar el sistema cambiario desmontando el control de cambio que es una las principales causas de esta crisis. Segundo, actuar en el ámbito productivo en donde hay control de precios y se vulneran los derechos de propiedad que no permiten inversión privada y generan escasez y desabastecimiento.
Un tercer punto tiene que ver con el tema fiscal, reduciendo el déficit y buscando la sostenibilidad fiscal de la nación. El cuarto punto es la apertura del sector petrolero para atraer inversiones en un contexto de grandes dificultades por los bajos precios del crudo y que permitan cambios en nuestra matriz de negocios energética. Por último instrumentar una política social que efectivamente mitigue los efectos de un ajuste macroeconómico de la magnitud que necesita Venezuela.
Estos puntos son importantes pero no se logran sin un engranaje entre el Parlamento y el Ejecutivo. La discusión del decreto de emergencia económica debería ser una oportunidad para que los diferentes actores en el país (políticos, gremiales, sindicales y sociales) logren acuerdos para la superación de la crisis. La confrontación no ayuda.
¿Qué nos trae el decreto de Emergencia Económica?
Infolatam
Caracas, 19 enero 2016
Por Asdrubal Oliveros
La semana pasada en aras de luchar en contra de la “guerra económica” el presidente Nicolás Maduro anunció el decreto de Emergencia Económica, el cual tiene como objetivo ejecutar “medidas urgentes de carácter extraordinario” para atender la economía.
Según el nuevo vicepresidente del área económica y ministro de economía productiva, Luis Salas, este decreto va a tratar de “mitigar los efectos de la inflación inducida, la especulación del valor ficticio de la divisa y el sabotaje a la distribución de bienes”. Sin embargo, al analizar el decreto es de notar que lo que se busca es darle al Gobierno poderes ilimitados para intervenir empresas, y blindarse contra la mayoría opositora en la Asamblea Nacional (AN).
Más poder para el Estado
Este decreto le otorga al Estado amplias facultades en materia económica y además, aumenta la capacidad de intervención del Estado en cualquier sector de la economía; sin mayor objeción por parte de los otros Poderes públicos, especialmente el de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Por otro lado, este decreto también busca afianzar todos los esquemas de control que han provocado la situación de crisis que tenemos en este momento, tales como: mayor control estatal sobre las importaciones, fijación de precios, intervención de empresas, manejo discrecional de recursos, distribución de alimentos y otros bienes considerados de primera necesidad.
Otro aspecto bastante controversial del decreto es darle la potestad al Estado de regular la cantidad de bolívares que circularan en la economía en aras de preservar el valor de la moneda, sin embargo, el decreto no precisa los mecanismos que se pondrían en marcha para limitar el acceso a los bolívares. Es bastante grave que el Gobierno considere que restringiendo la liquidez en la dinámica económica se puede minimizar la actual crisis, además, es contradictorio a lo que expone el vicepresidente de economía, Luis Salas en sus escritos puesto que para este la inflación es un fenómeno ajeno a la expansión monetaria. Es probable que el decreto establezca restricciones al uso del efectivo para intentar frenar la reventa de productos (conocido coloquialmente como “bachaqueo”).
Un punto clave: el frente fiscal
En materia fiscal el decreto le daría la potestad al Gobierno de fiscalizar las empresas sin mayor dificultad y sin previo aviso y aumentar las cargas fiscales tanto a personas jurídicas como naturales. Asimismo, se le daría potestad al Gobierno de manejar los fondos presupuestarios con mayor discrecionalidad y expropiar empresas para “garantizar el acceso oportuno de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad”.
Sobre este punto es importante destacar que la continua expansión del gasto ha traído como consecuencia la también expansión del déficit del sector público restringido (SPR). En 2015 esta situación continuó en vista de la caída de los ingresos fiscales, por la disminución del precio de la cesta petrolera local y la falta de ajustes cambiarios. Para el cierre de 2015, en Ecoanalítica estimamos que el déficit del SPR se ubique en torno a 20,2% del PIB.
En 2014 las cifras fiscales se vieron mermadas por la resaca de años electorales y la caída en los precios de petróleo. En 2015, aparte de precios de petróleo bajos, las cifras fiscales fueron incapaces de seguirle el ritmo en la inflación y la inactividad del Gobierno. En 2016, si bien estas distorsiones seguirán afectando las cuentas nacionales, una devaluación de la moneda podría ayudar a sopesar dichos efectos.
Según nuestras estimaciones, la devaluación en 2016 generará ingresos por el orden de 2,5 puntos del PIB, haciendo que el déficit fiscal del SPR se ubique en 12,3% (aquí también se incluye el ligero aumento en los precios del petróleo). De esta forma la capacidad de resolver el déficit público vía impuestos es bastante limitado.
Más que un decreto, necesitamos generar confianza
Este tipo de medidas no generan la confianza que el sector productivo necesita para incentivar la inversión y no buscan eliminar o por lo menos minimizar los cuellos de botella que no me permiten que este sector avance. Si bien es cierto que en el decreto se dice que se busca disminuir la burocracia alrededor de las importaciones y exportaciones de bienes no tradicionales, no sería la primera vez que el Gobierno ejecuta medidas para atacar este problema, sin lograr los resultados deseados.
Se necesita más que un simple decreto
Más que una serie de medidas económicas improvisadas que buscan afianzar el control del Estado en todos los sectores de la economía, el país necesita medidas de ajustes estructurales que devuelvan la confianza en el sector productivo y eliminen o minimicen las distorsiones generadas por años de subsidios ineficientes y controles de precios.
Asimismo, es necesario que se reconstruya el marco institucional en el cual se desenvuelve la dinámica país, más que leyes que afiancen la discrecionalidad del poder Ejecutivo se necesitan leyes que realicen la autonomía entre poderes e instituciones (caso Banco Central de Venezuela) (BCV).
La discusión que queda del decreto no es económica sino política, pues dos poderes deberán dar el visto bueno: la AN y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es obvio que este decreto no busca solventar la crisis pues no ataca los problemas de fondos sino busca afianzar los controles que generaron el actual modelo. Un Decreto de ese tipo, sobre todo para la situación en la que se encuentra la economía venezolana, debe precisar mucho más los alcances de las medidas que el Ejecutivo quiere tomar.
La data publicada el viernes por el BCV refleja que el Gobierno está perdiendo, y por mucho la tan difamada “guerra económica”. Un concepto de locura se basa en hacer lo mismo esperando diferentes resultados, desde hace tiempo el Gobierno sigue apostando por el mismo modelo caducado. Venezuela necesita medidas económicas serias que busquen el bienestar económico y no incrementar el poder político.
5 puntos clave para superar la crisis
En Venezuela se tienen que tomar medidas en 5 frentes inmediatos. Primero, simplificar el sistema cambiario desmontando el control de cambio que es una las principales causas de esta crisis. Segundo, actuar en el ámbito productivo en donde hay control de precios y se vulneran los derechos de propiedad que no permiten inversión privada y generan escasez y desabastecimiento.
Un tercer punto tiene que ver con el tema fiscal, reduciendo el déficit y buscando la sostenibilidad fiscal de la nación. El cuarto punto es la apertura del sector petrolero para atraer inversiones en un contexto de grandes dificultades por los bajos precios del crudo y que permitan cambios en nuestra matriz de negocios energética. Por último instrumentar una política social que efectivamente mitigue los efectos de un ajuste macroeconómico de la magnitud que necesita Venezuela.
Estos puntos son importantes pero no se logran sin un engranaje entre el Parlamento y el Ejecutivo. La discusión del decreto de emergencia económica debería ser una oportunidad para que los diferentes actores en el país (políticos, gremiales, sindicales y sociales) logren acuerdos para la superación de la crisis. La confrontación no ayuda.
