Análisis de los anuncios económicos
15/09/2017
VÍCTOR ÁLVAREZ
@victoralvarezr
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El presidente Nicolás Maduro anunció el Plan para la Paz y la Prosperidad Económica conformado por tres medidas, una gestión y ocho propuestas de leyes sometidas a consideración y aprobación de la ANC.
Veamos:
1. Aumento de sueldos y otras remuneraciones
Para compensar los estragos de la inflación, en lugar de atacar sus causas, el Ejecutivo Nacional decretó un aumento de 40% del salario mínimo y le sumó cuatro unidades tributarias al bono de alimentación. El sueldo básico pasó a 136 mil bolívares y el cestaticket subió a 189 mil bolívares, para un ingreso mínimo integral de 325 mil bolívares. Este es el cuarto aumento de salario que se hace en lo que va de 2017 y el décimo séptimo del actual período presidencial.
El aumento del salario mínimo incluye a los pensionados del IVSS que cobrarán 177.507 bolívares. También se incrementó en 40% la asignación mensual de la Tarjeta de la Patria que llega a 140 mil bolívares, y se aprobó un bono para la adquisición de útiles escolares de 250 mil bolívares.
Los fondos para cubrir estos aumentos y bonos serán financiados con créditos adicionales que se cubrirán con nuevas emisiones de dinero sin respaldo en la producción, toda vez que la economía ha caído durante 12 trimestres consecutivos y las importaciones han sido reducidas drásticamente para pagar la deuda externa. En una economía cada vez más contraída, estos aumentos significan que se aumentará la cantidad de bolívares que saldrán a comprar productos escasos, cuestión que atizará aún más inflación.
2. Incentivos al uso del dinero plástico
Para enfrentar la escasez de efectivo, el gobierno aprobó una reducción de 5% del IVA para las transacciones de compra venta, cuyo pago se realice a través de medios electrónicos. Los servicios públicos también serán pagados por medios electrónicos.
La falta de divisas para la compra y mantenimiento de cajeros automáticos y puntos de venta, la deficiente calidad de los servicios de Internet y las frecuentes fallas en el servicio eléctrico han colapsado el sistema de pagos electrónicos. Por lo tanto, estas rebajas de impuestos para incentivar el uso del dinero plástico explotará la ya colapsada plataforma tecnológica de pagos electrónicos.
La emisión de billetes del nuevo cono monetario resultó insuficiente para compensar el acelerado deterioro del poder de compra del bolívar. Los nuevos billetes siguen siendo escasos y la falta de efectivo perjudica sobre todo a los más pobres que no están bancarizados y no poseen ningún medio de pago electrónico.
3. Diversificación de la canasta de monedas
Los precios de la cesta petrolera venezolana se mantienen muy por debajo de los niveles deseados de 80-100 $/b que necesita el gobierno para cuadrar las cuentas. Por si fuera poco, la extracción de crudos sigue cayendo, lo cual reduce aún más el menguado ingreso en petrodólares. La solución que el gobierno ha encontrado para la escasez de divisas es dejar de subastar dólares en el Dicom para adoptar un nuevo sistema de pagos internacionales a través de una canasta de monedas que incluye yuanes, rupias y rublos. Al suspenderse las subastas de Dicom, el dólar se hará aún más escaso y su precio seguirá aumentado.
El comercio internacional se lleva a cabo con base en las divisas más aceptadas, que son el dólar y el euro. Subastar yuanes, rupias o rublos limitará severamente la gama de proveedores a China, India y Rusia, que no siempre ofrecen materias primas, insumos, repuestos y maquinarias con la mejor calidad y los mejores precios. Y convertir yuanes o rupias en dólares o euros para preservar los proveedores con los cuales se tiene una relación comercial de larga data, exige encontrar nuevos bancos corresponsales y pagar las comisiones de rigor.
Como esta medida, el gobierno prevé nuevas sanciones de la administración estadounidense, las cuales pudieran afectar la venta del petróleo venezolano.
En las condiciones de un mercado sobreabastecido, los 700 mil barriles diarios que EEUU dejaría de comprar solo podrían ser colocados en China e India, cuyas economías tienen necesidades de petróleo y minerales para atender sus altas tasas de crecimiento, razón por la cual podrían lanzarle un salvavidas al gobierno venezolano comprando ese petróleo, pero solo si lo pagan con yuanes o rupias.
China se ha propuesto disminuir la hegemonía del dólar en los mercados, haciendo valer su rol de primer importador de petróleo, minerales y materias primas del mundo. Con ese fin ofrece contratos de futuros de petróleo en yuanes. Actualmente, los contratos de WTI y Brent se comercializan en el mercado mundial de futuros en dólares,
pero la aparición de un nuevo contrato de futuros en yuanes permitirá al gobierno venezolano vender allí el petróleo que eventualmente no pueda colocar en los EEUU, pero en yuanes.
4. Reprogramar pagos de la deuda externa
Venezuela pagó en agosto $705 millones en servicio de deuda y deberá pagar en septiembre $228,8 millones, en octubre $1.634 millones y en noviembre $1.890 millones.
El estancamiento de los precios del petróleo y la caída en la extracción de crudos no permiten generar la cantidad de divisas suficientes para cubrir todos los pagos pendientes. De hecho, el gobierno ha reducido drásticamente las importaciones y ha subordinado la deuda comercial al pago de la deuda financiera, pero los números indican que ya no puede mantener ese ritmo de pagos.
Tan así es, que el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, reconoció que Venezuela confronta problemas para cumplir el pago de la deuda que tienen con su país y ha solicitado una reprogramación por un monto de $2.840 millones. Ante el inminentedefault, el gobierno inició una ronda de conversaciones con los tenedores de la deuda de la República y de Pdvsa para renegociar los próximos pagos o comprar con descuento esos bonos. Con este fin, diseña con China un Fondo para comprar con descuento los bonos de la deuda externa venezolana que se están rematando en los mercados secundarios.
Esta recompra permitiría importantes ahorros en el pago de capital e intereses. Los bonos que vencen en 2017 y 2018 contemplan pagos de capital por $2.426,6 millones, pero si el Fondo Chino-Venezolano logra adquirir esos papeles al precio actual al que se transan en los mercados financieros, pagaría $1.704 millones. Esto significa un ahorro en torno a los $700 millones.
5.- Ocho leyes para la aprobación de la ANC
El Ejecutivo Nacional presentó ocho proyectos de Ley a la ANC. El quid de la cuestión radica en que la legalidad y legitimidad de este órgano están severamente cuestionadas por buena parte de la ciudadanía venezolana y de la comunidad internacional. De acuerdo a la CRBV aprobada por referendo popular en diciembre de 1999, la convocatoria a una ANC tenía que ser decidida por referendo popular y este mandato no se cumplió. Por lo tanto, los actos de la ANC pueden ser considerados nulos. Esto crea incertidumbre e inseguridad jurídica y así los inversionistas no se arriesgarán a venir a Venezuela. Veamos cuáles son las leyes:
Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados: para crear un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público. El gobierno prolonga los controles que rigen desde 2003, cuando implantó el control de cambios, lo afianzó en 2011 con la Ley de Costos y Precios Justos y lo blindó en 2013 con la aprobación de la Ley Orgánica de Precios Justos, sin poder contener la inflación que desde 2013 registró 56%, 68%, 180%, 274% y un acumulado de 366% para hasta agosto de 2017.
Al rezagarse el PMVP en comparación con la incesante alza de los costos de producción, se ahorca a las cadenas de producción, distribución y comercialización. Controles de precios y ajustes salariales, escasez de materias primas, insumos y repuestos, fuga de talento, mayores costos de producción y la caída en la demanda conforman un ambiente adverso a la actividad productiva. En este contexto, los anuncios según los cuales se van a acordar los precios de 50 productos renuevan la incertidumbre que aleja a la inversión.
Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP): el gobierno se plantea ampliar la cobertura de los CLAP con la entrega de dos bolsas mensuales hasta alcanzar 6 millones de familias. Esto significa 12 millones de bolsas CLAP que requerirán muchos productos que ya no se pueden importar por la falta de divisas. La creación de los fiscales populares renueva el temor de los operativos de fiscalización en los que se allanaron los establecimientos fabriles y comerciales, se decomisó y remató la mercancía, y se encarcelaron a los gerentes y propietarios de las empresas.
Ley para la Promoción y Protección de Inversiones: la inversión extranjera requiere la existencia del Estado de Derecho, necesita reglas claras y estables. Esto lo tienen muy en cuenta los inversionistas extranjeros y acreedores de la República y Pdvsa, pues cualquier obligación contraída por el Estado a raíz de las decisiones de una ANC considerada ilegítima, pueden no ser reconocidas por otro gobierno.
Ley de Regulación y Funcionamiento para las Casas de Cambio: en las casas de cambio generalmente se realizan transacciones personales por pequeños montos. Pero si se mantiene el control de cambio que da origen al mercado paralelo, son pocos los que cambiarán sus divisas a una tasa oficial más baja. Unificar el régimen de cambio múltiple para estimular nuevas fuentes de divisas del país es una condición para que las casas de cambio no se queden vacías.
Ley de Impuesto a las grandes fortunas y patrimonio: con el argumento de pechar los grandes patrimonios surgidos de la guerra económica y gravar bienes patrimoniales con independencia de su ubicación geográfica. Este anuncio se añade a un sistema tributario plagado de tributos y contribuciones que se traducen en una pesada y engorrosa carga tributaria que aleja la inversión nacional y extranjera.
Ley de Régimen Tributario para Desarrollo del Arco Minero: para otorgar beneficios fiscales que incentiven la explotación de los minerales que abundan en el Arco Minero del Orinoco. Por la escala de las operaciones que exigen grandes montos de inversión, las inversiones extranjeras en el sector minero exigen concesiones de al menos 20 años. En el actual contexto de incertidumbre, inseguridad jurídica y alto riesgo político, los inversionistas temen arriesgar cuantiosos recursos en concesiones que pueden ser rescindidas por otro gobierno que las considere ilegales.
Ley de Régimen Especial Tributario para la protección social del pueblo: en lugar de diseñar estímulos a la inversión y la producción, esta ley tiene un carácter punitivo, con sanciones a delitos a la economía que abren un amplio margen para aplicar sanciones discrecionales y arbitrarias.
Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario: una reedición de los fallidos intentos del gobierno para controlar la producción agrícola, en lugar de estimular inversiones y dinamizar los mecanismos del mercado en la formación de precios. Es la prolongación de la visión estatista y controladora que desestimula la producción, agrava la escasez, el acaparamiento y la especulación, y compromete la seguridad alimentaria del país.
Una evaluación general
Como se puede apreciar, brillan por su ausencia las medidas concretas para corregir las distorsiones cambiarias, fiscales, monetarias, de precios
y deuda externa que impiden el buen funcionamiento de la economía venezolana. La mayoría de los anuncios se refieren a proyectos de ley que llevará su tiempo aprobar. Los ocho proyectos presentados mantienen la limitación de creer que con más controles se superará la crisis económica. Constituyen un instrumento para la dominación política y no para el estímulo de la inversión y la producción.
La causa del colapso económico es la persistencia de un rígido sistema de controles que tiende a criminalizar la actividad empresarial, cuestión que inhibe y aleja la inversión. Con más controles y tributos solo se empeorará el clima de inversión y se afectará aún más el desempeño de la economía, la cual necesita estímulos fiscales, monetarios, financieros, cambiarios, de flexibilización de precios, protección de los derechos de propiedad y seguridad jurídica. Solo así se podrán estimular inversiones nacionales y extranjeras que saquen a la economía de la prolongada recesión, en función de superar los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación que azotan a la población.
