Titoli di Stato paesi-emergenti VENEZUELA e Petroleos de Venezuela - Cap. 1
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fabriziof
Forumer storico
non è paura ma stanchezza di star dietro a questi
tommy271
Forumer storico
Los #BonosSoberanos de Venezuela subieron hoy con fuerza, recuperando buena parte de sus pérdidas recientes. El avance promedio fue de 4,3%
tommy271
Forumer storico
Los #BonosPDVSA cerraron con un avance promedio de 3,3%, su mejor día desde el 19 de julio
I titoli, oggetti di swap, son quelli che salgono meno.
I titoli, oggetti di swap, son quelli che salgono meno.
Investor2015
A.D. 2015
Molto meglio i venezuelani dei greci...!
fabriziof
Forumer storico
io bazzico col venezuela da vent'anni circa ,e dico che con le minaccie di default del pino è finita un'era ,niente sarà più come prima nella psicologia del venezuelanista
tommy271
Forumer storico
Dictan prohibición de salida del país contra “Chúo” Torrealba, Capriles y otros dirigentes
El Tribunal 1º de Control de Valencia dirigió un oficio al Saime donde solicitó al organismo de inteligencia no permitir la salida del país de los políticos opositores
El Nacional Web 20 de octubre 2016 - 11:16 pm
Ocho son los dirigentes políticos a quienes el Tribunal 1º de Control de Valencia prohibió salir del país: Jesús “Chúo” Torrealba, Henrique Capriles, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón Berti.
En el oficio que el tribunal dirigió al director del Sistema Administrativo de migración y Extranjería (Saime), no se detalla la razón por la que se privó a los políticos opositores de su derecho al libre tránsito fuera del territorio venezolano. Henrique Capriles y Julio Borges informaron de la novedad a través de Twitter. Capriles expresó que el gobierno perdía su tiempo e hizo un llamado a estar pendientes de los anuncios que la Unidad haga sobre la suspensión de la recolección del 20% de las firmas.
Borges, por su parte, manifestó su respaldo a los afectados por la medida.
Y acá nos dictan prohibición de salida del país!Pierden una vez más su tiempo!Atentos a los anuncios en las próximas hrs! pic.twitter.com/u72rY4Lwqv
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 21 de octubre de 2016
Sentencias también buscan la persecución judicial a los líderes de @unidadvenezuela. Nuestro respaldo a todos y cada uno de ellos! pic.twitter.com/9z0KYMXZg8
— Julio Borges (@JulioBorges) 21 de octubre de 2016
El Tribunal 1º de Control de Valencia dirigió un oficio al Saime donde solicitó al organismo de inteligencia no permitir la salida del país de los políticos opositores
El Nacional Web 20 de octubre 2016 - 11:16 pm
Ocho son los dirigentes políticos a quienes el Tribunal 1º de Control de Valencia prohibió salir del país: Jesús “Chúo” Torrealba, Henrique Capriles, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Antonio Barreto, Ricardo Sucre, Luis Ernesto Aparicio y Arnoldo Gabaldón Berti.
En el oficio que el tribunal dirigió al director del Sistema Administrativo de migración y Extranjería (Saime), no se detalla la razón por la que se privó a los políticos opositores de su derecho al libre tránsito fuera del territorio venezolano. Henrique Capriles y Julio Borges informaron de la novedad a través de Twitter. Capriles expresó que el gobierno perdía su tiempo e hizo un llamado a estar pendientes de los anuncios que la Unidad haga sobre la suspensión de la recolección del 20% de las firmas.
Borges, por su parte, manifestó su respaldo a los afectados por la medida.
Y acá nos dictan prohibición de salida del país!Pierden una vez más su tiempo!Atentos a los anuncios en las próximas hrs! pic.twitter.com/u72rY4Lwqv
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 21 de octubre de 2016
Sentencias también buscan la persecución judicial a los líderes de @unidadvenezuela. Nuestro respaldo a todos y cada uno de ellos! pic.twitter.com/9z0KYMXZg8
— Julio Borges (@JulioBorges) 21 de octubre de 2016
tommy271
Forumer storico
CNE ordena suspender recolección del 20% “hasta nueva orden judicial”
Gobernadores de cinco estados aseguraron que tribunales exigieron repetir la recolección del 1% en Aragua, Bolívar, Carabobo, Apure y Monagas
ÁLEX VÁSQUEZ S.
[email protected]
HERNÁN LUGO-GALICIA
[email protected] 21 de octubre 2016 - 12:01 am
La estrategia del PSUV para matar el revocatorio se cumplió: el Consejo Nacional Electoral acató la decisión de cinco tribunales penales que ordenaron posponer la recolección de manifestaciones de voluntad que activa el referéndum (20% de los electores) como consecuencia de supuestas irregularidades en la recolección de firmas de 1% de los electores.
El organismo acató la decisión de tribunales penales de Carabobo, Apure, el Aragua, Bolívar, que se tomó tras la admisión de “querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral”.
“Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos, y en el que el Consejo Nacional Electoral estaba trabajando”, señala el organismo en un comunicado.
El CNE agrega que acata las medidas de los tribunales “en apego al marco constitucional” y hace un “llamado diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República”.
Antes del comunicado del CNE, cinco gobernadores chavistas y el diputado Diosdado Cabello confirmaron que los tribunales penales de esos estados y de Monagas ordenaron anular en las entidades la recolección de firmas del 1% de los electores y posponer la recolección del 20%, que activaría el referéndum.
Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, fue el primero: “¡Justicia! Tribunal Penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar fraude cometido por la MUD. Admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD”.
Francisco Rangel Gómez (Bolívar) lo secundó: “Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso. No habrá referéndum”.
Y luego habló Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo: “Tribunal Penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hecha por la MUD al cometer fraude”. Quien firmó la decisión en esa entidad fue el juez Alfredo Toredit Rojas, del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control.
Lo mismo ocurrió en Apure –como confirmó su gobernador, Ramón Carrizales– y en Monagas, como afirmó Cabello en un acto de apoyo a Maduro. “Acatemos la decisión de los tribunales. ¡En Venezuela va a haber justicia; esperamos que se busque a los responsables del fraude y que vayan a prisión! Fenecen todos los efectos de la recolección hasta que reparen”, expresó.
Se conoció que en la decisión en Bolívar se eliminaron “los efectos del 1%”, los “actos subsiguientes” y “cualquier nueva recolección de firmas”, organizada por la dirigencia regional de la MUD. “Consecuentemente se Suspende” el proceso del 20% y se acuerda la prohibición de salida del país de los querellantes (Andrés Velásquez, Raúl Yuseff y Braulio Merino), según boleta de notificación del tribunal.
Al igual que en Carabobo, los supuestos delitos cometidos por la MUD serían: “Falsa atestación ante un funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral”.
La estrategia del chavismo inició el 13 de octubre, cuando Ameliach acudió al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de esa entidad e introdujo un amparo constitucional para que ordenara reiniciar la recolección de firmas del 1%.
El PSUV ordenó a todos sus gobernadores, a parte de su dirigencia y aliados denunciar el supuesto fraude. “Los chavistas no queremos revocatorio; denuncien en los estados que hay 10.000 fallecidos que aparecen firmando”, fue la directriz de Cabello el 18 de octubre en el acto de apoyo al Presupuesto 2017 frente al Parlamento.
El 17 de octubre la Sala Electoral del TSJ estableció como obligatorio obtener mínimo 20% en cada estado para activar el revocatorio, por lo que si se suspende el acto en alguno, se frena la consulta.
Improcedente. Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucionalista, advirtió que la decisión es improcedente: “El tribunal penal decide si hay delito y establece responsabilidades penales individuales. Un proceso electoral solo puede ser suspendido por la jurisdicción electoral y en Venezuela tiene un solo tribunal, que es la Sala Electoral del TSJ”.
Dijo que el gobierno quiere evitar, a toda costa, cualquier medición: “La recolección del 20% es medirse también. En muchos estados el chavismo fue humillado el 6-D, especialmente en Aragua, donde no ganaron ningún circuito”.
(El Nacional)
***
Direi che queste sono le notizie interessanti ...
Gobernadores de cinco estados aseguraron que tribunales exigieron repetir la recolección del 1% en Aragua, Bolívar, Carabobo, Apure y Monagas
ÁLEX VÁSQUEZ S.
[email protected]
HERNÁN LUGO-GALICIA
[email protected] 21 de octubre 2016 - 12:01 am
La estrategia del PSUV para matar el revocatorio se cumplió: el Consejo Nacional Electoral acató la decisión de cinco tribunales penales que ordenaron posponer la recolección de manifestaciones de voluntad que activa el referéndum (20% de los electores) como consecuencia de supuestas irregularidades en la recolección de firmas de 1% de los electores.
El organismo acató la decisión de tribunales penales de Carabobo, Apure, el Aragua, Bolívar, que se tomó tras la admisión de “querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral”.
“Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos, y en el que el Consejo Nacional Electoral estaba trabajando”, señala el organismo en un comunicado.
El CNE agrega que acata las medidas de los tribunales “en apego al marco constitucional” y hace un “llamado diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad de la República”.
Antes del comunicado del CNE, cinco gobernadores chavistas y el diputado Diosdado Cabello confirmaron que los tribunales penales de esos estados y de Monagas ordenaron anular en las entidades la recolección de firmas del 1% de los electores y posponer la recolección del 20%, que activaría el referéndum.
Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, fue el primero: “¡Justicia! Tribunal Penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar fraude cometido por la MUD. Admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD”.
Francisco Rangel Gómez (Bolívar) lo secundó: “Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso. No habrá referéndum”.
Y luego habló Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo: “Tribunal Penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hecha por la MUD al cometer fraude”. Quien firmó la decisión en esa entidad fue el juez Alfredo Toredit Rojas, del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control.
Lo mismo ocurrió en Apure –como confirmó su gobernador, Ramón Carrizales– y en Monagas, como afirmó Cabello en un acto de apoyo a Maduro. “Acatemos la decisión de los tribunales. ¡En Venezuela va a haber justicia; esperamos que se busque a los responsables del fraude y que vayan a prisión! Fenecen todos los efectos de la recolección hasta que reparen”, expresó.
Se conoció que en la decisión en Bolívar se eliminaron “los efectos del 1%”, los “actos subsiguientes” y “cualquier nueva recolección de firmas”, organizada por la dirigencia regional de la MUD. “Consecuentemente se Suspende” el proceso del 20% y se acuerda la prohibición de salida del país de los querellantes (Andrés Velásquez, Raúl Yuseff y Braulio Merino), según boleta de notificación del tribunal.
Al igual que en Carabobo, los supuestos delitos cometidos por la MUD serían: “Falsa atestación ante un funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder Electoral”.
La estrategia del chavismo inició el 13 de octubre, cuando Ameliach acudió al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de esa entidad e introdujo un amparo constitucional para que ordenara reiniciar la recolección de firmas del 1%.
El PSUV ordenó a todos sus gobernadores, a parte de su dirigencia y aliados denunciar el supuesto fraude. “Los chavistas no queremos revocatorio; denuncien en los estados que hay 10.000 fallecidos que aparecen firmando”, fue la directriz de Cabello el 18 de octubre en el acto de apoyo al Presupuesto 2017 frente al Parlamento.
El 17 de octubre la Sala Electoral del TSJ estableció como obligatorio obtener mínimo 20% en cada estado para activar el revocatorio, por lo que si se suspende el acto en alguno, se frena la consulta.
Improcedente. Pedro Afonso Del Pino, abogado constitucionalista, advirtió que la decisión es improcedente: “El tribunal penal decide si hay delito y establece responsabilidades penales individuales. Un proceso electoral solo puede ser suspendido por la jurisdicción electoral y en Venezuela tiene un solo tribunal, que es la Sala Electoral del TSJ”.
Dijo que el gobierno quiere evitar, a toda costa, cualquier medición: “La recolección del 20% es medirse también. En muchos estados el chavismo fue humillado el 6-D, especialmente en Aragua, donde no ganaron ningún circuito”.
(El Nacional)
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Direi che queste sono le notizie interessanti ...
tommy271
Forumer storico
Venezuela se enfrenta a demandas si paga con bolívares bonos emitidos en dólares
20/10/2016
|
Ahiana Figueroa
@ahianaf
Demandas internacionales, mayor desconfianza de los inversionistas y aumento del riesgo país, son las consecuencias de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de permitir el pago en moneda nacional de los llamados bonos bolívar-dólar.
Este jueves se conoció que en el máximo tribunal se introdujo un recurso de interpretación sobre el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), en el cual se establece que los pagos en moneda extranjera de los bonos de deuda, “se cancelan, salvo convención especial, en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”.
La medida podría generar reacciones adversas entre los inversionistas, muchos de ellos internacionales, que compraron estos títulos de deuda en el mercado secundario. Entre los años 2004 y 2011, tanto la República como Petróleos de Venezuela emitieron una serie de títulos de deuda externa comprados inicialmente en bolívares en el mercado primario y pagaderos en dólares. Estos instrumentos sirvieron para proveer de divisas al sector privado venezolano afectado por la imposibilidad de acceder a dólares debido al control de cambio que se estableció en el país desde 2003.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro sostiene que tanto la República como Pdvsa pueden ser objeto de demandas debido a un incumplimiento de contrato, el cual cuenta con una serie de condiciones financieras y jurídicas como el valor del bono, la vigencia, los plazos de pago, la tasa de interés, entre otros; así como cláusulas de tipo legal, en especial la jurisdicción en la cual se debe entablar las acciones legales.
“En todo caso, el recurso tiene una intención sospechosa quizás debido a la crítica situación financiera del país. Me temo que a pesar de las demandas, el TSJ pueda hacer uso nuevamente del principio de soberanía y emitir una sentencia sin tomar en cuenta la jurisdicción legal que se haya establecido en cada uno de los contratos. Este tipo de decisiones como las que se han emitido a pesar de sentencias arbitrales del Ciadi (Banco Mundial) le han hecho mucho daño a la deuda venezolana ya que los inversionistas ven cada vez más, como muy peligroso adquirir bonos venezolanos”, dijo.
Explicó Haro que se debe indagar en los contratos de cada una de estas emisiones, cuál es la jurisdicción legal que se estableció para conocer el régimen legal aplicable.
“Es decir, si es la ley de la República Bolivariana de Venezuela, del estado de Nueva York o de Delaware en Estados Unidos o de Luxemburgo y luego cuáles son los tribunales competentes para decidir cualquier asunto relacionado del bono. Por lo que las demandas pueden ejecutarse en cada una de estas jurisdicciones. Sin embargo, estamos hablando de que es un contrato que se está incumpliendo y que puede ser objeto de demandas por parte de los tenedores de bonos”.
Para Maritza Izaguirre, ex ministra de Finanzas, cuando se suscribe un contrato se firman unas condiciones específicas y si se establecen que los pagos serán en dólares, debe ejecutarse así.
“Cuando se emite en los mercados externos se le está asegurando al comprador que esos bonos tiene un valor especifico y que se le van a retribuir sus intereses y su vencimiento en dólares. Esta es la práctica común en los mercados externos. Cuando esto se rompe, se socava la confianza y en el caso venezolano con una situación ya complicada, terminaría de ver al país en el cual no respeta las reglas”.
La también profesora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello), califica como “absurdo” colocar al sistema judicial venezolano a opinar sobre este tipo de temas cuando existe una práctica internacional que tiene normas bien definidas.
“Este tipo de decisiones eleva el riesgo país enormemente y con esas condiciones volver a emitir deuda externa será muy complicado. Se cierra el país a acceder a los mercados financieros internacionales. Reitero, cuando se rompen las reglas, se incrementa la desconfianza que ya todo el mundo tiene sobre la situación interna de Venezuela, al observar que no se toman las medidas necesarias para corregir los problemas”, afirmó.
(Elestimulo.com)
20/10/2016
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Ahiana Figueroa
@ahianaf
Demandas internacionales, mayor desconfianza de los inversionistas y aumento del riesgo país, son las consecuencias de una posible decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de permitir el pago en moneda nacional de los llamados bonos bolívar-dólar.
Este jueves se conoció que en el máximo tribunal se introdujo un recurso de interpretación sobre el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), en el cual se establece que los pagos en moneda extranjera de los bonos de deuda, “se cancelan, salvo convención especial, en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”.
La medida podría generar reacciones adversas entre los inversionistas, muchos de ellos internacionales, que compraron estos títulos de deuda en el mercado secundario. Entre los años 2004 y 2011, tanto la República como Petróleos de Venezuela emitieron una serie de títulos de deuda externa comprados inicialmente en bolívares en el mercado primario y pagaderos en dólares. Estos instrumentos sirvieron para proveer de divisas al sector privado venezolano afectado por la imposibilidad de acceder a dólares debido al control de cambio que se estableció en el país desde 2003.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro sostiene que tanto la República como Pdvsa pueden ser objeto de demandas debido a un incumplimiento de contrato, el cual cuenta con una serie de condiciones financieras y jurídicas como el valor del bono, la vigencia, los plazos de pago, la tasa de interés, entre otros; así como cláusulas de tipo legal, en especial la jurisdicción en la cual se debe entablar las acciones legales.
“En todo caso, el recurso tiene una intención sospechosa quizás debido a la crítica situación financiera del país. Me temo que a pesar de las demandas, el TSJ pueda hacer uso nuevamente del principio de soberanía y emitir una sentencia sin tomar en cuenta la jurisdicción legal que se haya establecido en cada uno de los contratos. Este tipo de decisiones como las que se han emitido a pesar de sentencias arbitrales del Ciadi (Banco Mundial) le han hecho mucho daño a la deuda venezolana ya que los inversionistas ven cada vez más, como muy peligroso adquirir bonos venezolanos”, dijo.
Explicó Haro que se debe indagar en los contratos de cada una de estas emisiones, cuál es la jurisdicción legal que se estableció para conocer el régimen legal aplicable.
“Es decir, si es la ley de la República Bolivariana de Venezuela, del estado de Nueva York o de Delaware en Estados Unidos o de Luxemburgo y luego cuáles son los tribunales competentes para decidir cualquier asunto relacionado del bono. Por lo que las demandas pueden ejecutarse en cada una de estas jurisdicciones. Sin embargo, estamos hablando de que es un contrato que se está incumpliendo y que puede ser objeto de demandas por parte de los tenedores de bonos”.
Para Maritza Izaguirre, ex ministra de Finanzas, cuando se suscribe un contrato se firman unas condiciones específicas y si se establecen que los pagos serán en dólares, debe ejecutarse así.
“Cuando se emite en los mercados externos se le está asegurando al comprador que esos bonos tiene un valor especifico y que se le van a retribuir sus intereses y su vencimiento en dólares. Esta es la práctica común en los mercados externos. Cuando esto se rompe, se socava la confianza y en el caso venezolano con una situación ya complicada, terminaría de ver al país en el cual no respeta las reglas”.
La también profesora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello), califica como “absurdo” colocar al sistema judicial venezolano a opinar sobre este tipo de temas cuando existe una práctica internacional que tiene normas bien definidas.
“Este tipo de decisiones eleva el riesgo país enormemente y con esas condiciones volver a emitir deuda externa será muy complicado. Se cierra el país a acceder a los mercados financieros internacionales. Reitero, cuando se rompen las reglas, se incrementa la desconfianza que ya todo el mundo tiene sobre la situación interna de Venezuela, al observar que no se toman las medidas necesarias para corregir los problemas”, afirmó.
(Elestimulo.com)
- Stato
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