tommy271
Forumer storico
¿Se agota el margen de maniobra para pagar la deuda externa?
julio 28, 2016
Víctor Álvarez R.- Si en lo que resta de año los precios del petróleo se estabilizan en torno a los 40 $/b, Venezuela recibiría ingresos por el orden de los $ 33 millardos. En 2015 las importaciones de bienes y servicios sumaron $ 50 millardos, pero este año se han visto muy afectadas por la prioridad que el Gobierno le ha dado a los pagos de la deuda externa.
El colapso de los precios del petróleo, la enorme dependencia de las importaciones de bienes y servicios, el peso de la deuda externa, los pagos por indemnizaciones ratificados por el CIADI y la deuda en divisas con sectores productivos que aún no ha sido cancelada por Cadivi-Cencoex, estrechan el margen de maniobra para mantener un ritmo de pagos de la deuda externa que supera los $ 10 millardos anuales.
Recordemos que en Venezuela, el 96% del ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso de los precios, el ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones en la capacidad de pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer y pagar una creciente deuda externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy la situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente reservas internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.
El boom en los precios del petróleo y las materias primas proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar una nueva arquitectura financiera internacional que las interminables reuniones de los burócratas no cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos centrales de cada país ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur. Así, los países extractivistas que hoy resultan afectados por el colapso de los precios del petróleo y de las materias primas no encuentran alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI y del BM para tener acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus problemas de balanza de pagos.
¿Reestructuración o moratoria?
La gravedad de la deuda externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del PIB en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un contraído PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el verdadero valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda como porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable.
Otra idea errónea sobre la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo se recuperarán a través del control de la producción en la Opep. Los fallidos intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.
Otra falsa esperanza es creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo de los proyectos del Fondo Chino.
Lo cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000 millones y el país no puede seguir como va. Ante el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas que impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI, se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado cambiario hasta la moratoria unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración de los pagos.
Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien argumenta que cuando un país impone una reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”, asegura quien también fue jefe de los asesores económicos de Bill Clinton
Los que se oponen a la moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República y Pdvsa. Ambos tienen activos estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13 refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un alto costo político para el Gobierno.
El margen de maniobra para liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana para aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar en un año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por compras gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los pagos en dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán, etc.; reperfilar los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por vencerse con nuevas emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas por el burocratismo y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la imagen de Venezuela en los mercados financieros para corregir la sobrestimación del riesgo-país.
La situación de Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y económicas, los acreedores perciben que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no sufre una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces, que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea tan mal tratado por las calificadoras de riesgo?
La auditoría de la deuda externa
Al igual de lo que ocurrió en los inicios del capitalismo rentístico venezolano, en el neo-rentismo socialista la acumulación originaria del capital de la boliburguesía se sustentó en la rapiña de la abundante renta petrolera. Para muestra un botón: el desfalco de más de 20 millardos de dólares en un solo año que fue denunciado por el exministro Jorge Giordani, la expresidenta del BCV, Edmeé Betancourt, y el expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino. Este colosal desfalco comprueba que la capacidad de auditoría y control de los entes del Estado resulta ampliamente desbordada por la colusión de empresarios y funcionarios públicos corruptos que se confabulan para defraudar a la Nación. La Fiscalía y la Contraloría apenas tienen capacidad para investigar algunos casos aislados, sin poder encarar la magnitud del problema.
En respuesta a esta debilidad institucional del Estado venezolano surge la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, sustentada en los derechos consagrados en la CRBV y en la Ley Orgánica de Contraloría Social. Esta iniciativa se plantea auditar el otorgamiento de divisas preferenciales, la contratación y manejo de la deuda pública y, en general, la forma como se han administrado las finanzas públicas.
Esclarecer como el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó a las puertas de una crisis humanitaria pasa por auditar empresas públicas y privadas, compañías transnacionales e instituciones bancarias y financieras que pudieran estar involucradas en la fuga de capitales a través de los delitos de deuda externa ficticia, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación a través de empresas de maletín y otros mecanismos inventados para capturar la mayor tajada de la renta petrolera.
Por eso, el monto de la deuda que el país finalmente tenga que pagar debe resultar de una Auditoria Pública y evitar así que se legalicen los fraudes a la Nación en un eventual proceso de reestructuración y reprogramación de los pagos. La viabilidad de la auditoría ciudadana implica apertura y transparencia en las instituciones públicas que tienen la información pertinente, de tal forma que se pueda saber la situación real de los ingresos en divisas, cuál es el monto de las reservas, así como las obligaciones comerciales y financieras que debe afrontar el BCV. Igualmente es necesario contar con información transparente y oportuna para saber en tiempo real: ¿Cuánto está ingresando y cuánto está saliendo por día? ¿A qué se destinan las divisas de la renta petrolera? ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares preferenciales? Solo así se podrá investigar y conocer el verdadero monto de la estafa, recuperar el máximo de recursos y sancionar a los responsables.
@victoralvarezr
julio 28, 2016
Víctor Álvarez R.- Si en lo que resta de año los precios del petróleo se estabilizan en torno a los 40 $/b, Venezuela recibiría ingresos por el orden de los $ 33 millardos. En 2015 las importaciones de bienes y servicios sumaron $ 50 millardos, pero este año se han visto muy afectadas por la prioridad que el Gobierno le ha dado a los pagos de la deuda externa.
El colapso de los precios del petróleo, la enorme dependencia de las importaciones de bienes y servicios, el peso de la deuda externa, los pagos por indemnizaciones ratificados por el CIADI y la deuda en divisas con sectores productivos que aún no ha sido cancelada por Cadivi-Cencoex, estrechan el margen de maniobra para mantener un ritmo de pagos de la deuda externa que supera los $ 10 millardos anuales.
Recordemos que en Venezuela, el 96% del ingreso en divisas proviene del petróleo. Con el colapso de los precios, el ingreso se ha reducido en un 75 %. Y eso tiene repercusiones en la capacidad de pago. El país ya no tiene la holgura que le permitió contraer y pagar una creciente deuda externa. Ese margen de maniobra se ha agotado y hoy la situación luce cada vez más apretada, al extremo de liquidar aceleradamente reservas internacionales y realizar operaciones de swap con oro monetario.
El boom en los precios del petróleo y las materias primas proporcionó cuantiosos recursos financieros que no fueron debidamente aprovechados para sustentar un acuerdo monetario latinoamericano que blindara las economías de la región. Los pueblos dieron a sus gobiernos mandatos para impulsar una nueva arquitectura financiera internacional que las interminables reuniones de los burócratas no cumplieron. No hubo mayor articulación entre los bancos centrales de cada país ni se avanzó en la creación de los prometidos Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur. Así, los países extractivistas que hoy resultan afectados por el colapso de los precios del petróleo y de las materias primas no encuentran alternativas y están pensando en tocar las puertas del FMI y del BM para tener acceso a los recursos que necesitan para aliviar sus problemas de balanza de pagos.
¿Reestructuración o moratoria?
La gravedad de la deuda externa está distorsionada por cálculos que no reflejan la verdadera situación del país. Se cree que la deuda es manejable porque la conversión a dólares del PIB en bolívares se hace a la tasa Dipro de apenas 10 Bs/$. Al dividir un contraído PIB entre una tasa de cambio tan baja, obviamente se sobreestima el verdadero valor del producto y, por lo tanto, se subestima el peso de la deuda como porcentaje de un PIB, la cual luce erróneamente manejable.
Otra idea errónea sobre la capacidad de pago de Venezuela surge de creer que los precios del petróleo se recuperarán a través del control de la producción en la Opep. Los fallidos intentos por recortar la producción para defender los precios dejan poco margen para recuperar la liquidez de divisas por esta vía.
Otra falsa esperanza es creer que los países aliados nos van a auxiliar. Si bien China ha funcionado como prestamista de última instancia, la magnitud de los fondos comprometidos hace poco probable que siga apostando a Venezuela, al extremo de aceptar que el tramo no utilizado de $ 5.000 millones se destine a pagar la deuda externa, en menoscabo de los proyectos del Fondo Chino.
Lo cierto es que las reservas internacionales se han desplomado a $ 12.000 millones y el país no puede seguir como va. Ante el colapso de los precios del petróleo y la severa escasez de divisas que impide cubrir al mismo tiempo las necesidades de importación, el pago de la deuda externa y la cancelación de las indemnizaciones ratificadas por el CIADI, se escuchan diferentes planteamientos que van desde la liberación del mercado cambiario hasta la moratoria unilateral de la deuda externa, pasando por la reestructuración de los pagos.
Quienes proponen la moratoria apelan al Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien argumenta que cuando un país impone una reducción de la deuda a sus acreedores y reorienta esos fondos hacia una política fiscal expansionista, eso produce resultados positivos: “hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un largo período de exclusión del acceso a los mercados financieros. Rusia pudo pedir prestado de nuevo en los mercados financieros dos años después de su cesación de pagos que había sido decretada unilateralmente, sin una consulta previa a los acreedores”, asegura quien también fue jefe de los asesores económicos de Bill Clinton
Los que se oponen a la moratoria plantean que las consecuencias de no pagar serían muy caras para la República y Pdvsa. Ambos tienen activos estratégicos en el exterior cuyo embargo significaría un grave daño patrimonial y la paralización de las exportaciones de crudo. Pdvsa tiene 44 tanqueros, 13 refinerías y cuentas bancarias que serían susceptibles de congelamiento y embargo. Sería muy costoso dejar de pagar, aun cuando este empeño signifique un alto costo político para el Gobierno.
El margen de maniobra para liberar recursos y evitar el default va desde recomprar deuda venezolana para aliviar pagos de capital e intereses; reformular PetroCaribe para cobrar en un año la factura que se financia a 20 años; sustituir importaciones por compras gubernamentales a favor de la producción nacional; reprogramar los pagos en dólares en obras de infraestructura contratadas a China, Brasil, Irán, etc.; reperfilar los vencimientos de 2016 y 2017 y sustituir títulos por vencerse con nuevas emisiones a mayor plazo; desestatizar empresas secuestradas por el burocratismo y la corrupción; reducir el gasto militar; y, mejorar la imagen de Venezuela en los mercados financieros para corregir la sobrestimación del riesgo-país.
La situación de Venezuela no es comparable con la que sufrió Argentina, país que estuvo más de una década en cesación de pagos. Más allá de las contingencias políticas y económicas, los acreedores perciben que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y con colosales reservas de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos no sufre una crisis de solvencia a largo plazo, sino que atraviesa por un problema temporal de liquidez. Por eso, el abanico de tenedores de la deuda venezolana es muy estable y no se ha apresurado a rematarla: el 99,6 % ha preservado en sus manos los títulos. Confían en que una vez superado el colapso de los precios del petróleo, el riesgo de no cobrar es bajo. ¿Cómo explicar, entonces, que un país que no posee un historial de incumplimiento y cuenta con margen de maniobra y potencial de ingresos suficientes para cubrir sus compromisos sea tan mal tratado por las calificadoras de riesgo?
La auditoría de la deuda externa
Al igual de lo que ocurrió en los inicios del capitalismo rentístico venezolano, en el neo-rentismo socialista la acumulación originaria del capital de la boliburguesía se sustentó en la rapiña de la abundante renta petrolera. Para muestra un botón: el desfalco de más de 20 millardos de dólares en un solo año que fue denunciado por el exministro Jorge Giordani, la expresidenta del BCV, Edmeé Betancourt, y el expresidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Ricardo Sanguino. Este colosal desfalco comprueba que la capacidad de auditoría y control de los entes del Estado resulta ampliamente desbordada por la colusión de empresarios y funcionarios públicos corruptos que se confabulan para defraudar a la Nación. La Fiscalía y la Contraloría apenas tienen capacidad para investigar algunos casos aislados, sin poder encarar la magnitud del problema.
En respuesta a esta debilidad institucional del Estado venezolano surge la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, sustentada en los derechos consagrados en la CRBV y en la Ley Orgánica de Contraloría Social. Esta iniciativa se plantea auditar el otorgamiento de divisas preferenciales, la contratación y manejo de la deuda pública y, en general, la forma como se han administrado las finanzas públicas.
Esclarecer como el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo terminó a las puertas de una crisis humanitaria pasa por auditar empresas públicas y privadas, compañías transnacionales e instituciones bancarias y financieras que pudieran estar involucradas en la fuga de capitales a través de los delitos de deuda externa ficticia, sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones, triangulación a través de empresas de maletín y otros mecanismos inventados para capturar la mayor tajada de la renta petrolera.
Por eso, el monto de la deuda que el país finalmente tenga que pagar debe resultar de una Auditoria Pública y evitar así que se legalicen los fraudes a la Nación en un eventual proceso de reestructuración y reprogramación de los pagos. La viabilidad de la auditoría ciudadana implica apertura y transparencia en las instituciones públicas que tienen la información pertinente, de tal forma que se pueda saber la situación real de los ingresos en divisas, cuál es el monto de las reservas, así como las obligaciones comerciales y financieras que debe afrontar el BCV. Igualmente es necesario contar con información transparente y oportuna para saber en tiempo real: ¿Cuánto está ingresando y cuánto está saliendo por día? ¿A qué se destinan las divisas de la renta petrolera? ¿Quiénes son los beneficiarios de los dólares preferenciales? Solo así se podrá investigar y conocer el verdadero monto de la estafa, recuperar el máximo de recursos y sancionar a los responsables.
@victoralvarezr
